Ministro prohíbe que fiscal visite El Frontón

El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, sin dar ninguna explicación, impidió ayer a la fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, Luz del Carmen Ibáñez, quien tiene a su cargo el caso de la matanza de El Frontón, realice una diligencia en la isla del mismo nombre.

Ella tenía planeado acudir al lugar como parte de la labor de verificación de evidencias y de su valor probatorio que le permitiría lograr se inicie el juicio oral contra ocho marinos acusados de ser autores materiales del luctuoso hecho perpetrado durante el primer gobierno del presidente Alan García, en 1986.

Al denunciar el atropello, la fiscal acusó a Flores-Aráoz de intromisión en la autonomía funcional del ministerio Público y de abuso de poder por haber ordenado al comandante general de la Marina que impida la diligencia programada y confirmada para ayer a las nueve de la mañana, y que los miembros del equipo del ministerio Público no sean trasladados hasta la referida isla. La orden fue derivada a la Capitanía General de Guardacostas del Callao, que la hizo cumplir y no dejó que la fiscal se embarque a la isla.

La insólita prohibición fue aplicada a pesar de que la diligencia fue originalmente señalada para efectuarse el pasado 16 de abril y contaba con la anuencia de las autoridades y la presencia de la presidenta de la Junta de Fiscales del Callao, Nora Miraval.

Por tal razón, la representante del ministerio Público no descartó que exista una intencionalidad oculta que empujó al ministro de Defensa a adoptar esta repentina decisión, e insistió en exigir a Flores-Aráoz que respete la independencia de poderes y se ciña a cumplir con la labor que le fue encomendada por el Estado relacionada con asuntos de Defensa y no interfiera en la administración de justicia.

Señaló que el Ejecutivo procede de la referida manera retrasando su labor, ante un caso que es supervisado por la Corte Interamericana de derechos humanos, la cual dictaminó que se proceda a investigarlo, juzgarlo y a remover todo impedimento que permita el juzgamiento y la sanción de los responsables.

Ibáñez graficó su malestar sosteniendo “zapatero a tus zapatos” al recordar a Flores-Aráoz que el ministerio Público tiene claras atribuciones que la ley determina y que deben ser respetadas por el gobierno.

Indignada por lo ocurrido, la fiscal Ibáñez dijo a LA PRIMERA que en ningún momento el titular de Defensa tomó contacto con ella para darle alguna explicación sobre la prohibición. Remarcó que se trata de un caso emblemático para la justicia peruana y tiene una gran repercusión a nivel nacional e internacional, por el nivel de los involucrados.

“Ya la ciudadanía sacará sus conclusiones del por qué se nos impide el cumplimiento de nuestra función; eso sí, creo que el ministro no debe meterse en cosas domésticas, sino en grandes temas referidos a la defensa del Perú; considero que habrá alguna intencionalidad en entorpecer nuestra función y eso no se condice con el estado de derecho”, manifestó.

Lamentó que, a pesar de haber participado hace quince días en una delegación que representó y defendió al estado peruano ante la Comisión Interamericana de derechos humanos en casos como El Frontón, su labor haya sido obstaculizada.

Y todavía presentó una queja
La fiscal Ibáñez dijo que extraoficialmente se enteró que el titular de Defensa, lejos de buscar una solución, presentó una queja contra ella ante el órgano de control interno del ministerio Público, luego de decir que le importaba poco que la fiscal lo denunciara ante la prensa.

Frente a ello, la fiscal, quien tuvo a su cargo la sustentación de la acusación contra Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso, así como el caso Tucano, enfatizó que no cederá a ningún tipo de presiones, teniendo en cuenta el carácter político del caso El Frontón, sobre el cual, comentó, tras seis años de investigación es lógico pensar que aquí hubo una matanza y es el momento de formular probablemente una acusación.

En ese sentido, no descartó que se podría llegar a determinarse no sólo una responsabilidad material sino de otro tipo en la matanza perpetrada el 19 de junio de 1986 en la entonces isla-presidio El Frontón, donde fueron aniquilados tras rendirse 130 presos acusados de terrorismo que protagonizaban un motín.

Vilma Escalante
Redacción