La notificación busca, entre otras cosas, amedrentar al periodismo que no es afín al gobierno.
Un oficial de la policía entregó en la mañana de ayer una cédula de notificación al periodista de LA PRIMERA Raúl Wiener, para que se presente a declarar el próximo jueves en relación con una investigación por “delito contra la tranquilidad Pública-Terrorismo”.
Por primera vez, que se tenga memoria, el periodista que denuncia la existencia de un plan de persecución contra dirigentes y activistas opositores, resulta comprendido dentro de la misma investigación fiscal, citado a la policía con riesgo para su libertad y prohibido de revelar estos hechos “bajo apercibimiento de incurrir en infracción penal”. Es lo que está ocurriendo con Wiener, jefe de la Unidad de Investigación de este diario y quien destapó en noviembre de 2008 los documentos secretos de la Diviti (División de Investigación del Terrorismo Internacional, dependiente de la Dircote) cuando comenzaban las reuniones de la Cumbre Apec.
Todo indica que la investigación y el citatorio son una represalia contra el periodista, por haber denunciado que la policía estaba pidiendo a la Tercera Fiscalía Supraprovincial que ordene la detención de 13 ciudadanos dirigentes de la izquierda y de organizaciones sociales; pues la misma autoridad fiscal le pide a la Dinincri (investigación criminal) que extienda sus indagaciones a Wiener. El mayor de la Policía Max Orlando Anhuamán Centeno, que dirige este caso, interrogará por ello al periodista el próximo miércoles 14 de enero sobre un supuesto “delito contra la tranquilidad pública-terrorismo.
Como una advertencia adicional, la notificación señala además que, como la investigación “está referida al esclarecimiento de hechos que constituirían delito contra la tranquilidad pública-terrorismo y otros, relacionado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, que podrían comprometer la seguridad del Estado y las relaciones internacionales … tiene carácter de reservada…” por lo que exige que nuestro periodista “guarde la debida confidencialidad y reserva, bajo apercibimiento de incurrir en infracción penal”.
O sea persecución y mordaza. Sin especificar uno sólo de los “hechos” investigados, ni fundamentar la acusación, ni probar los vínculos con las FARC, se produce una citación arbitraria que podría derivar en una detención policial y el enjuiciamiento de Wiener. Y como cereza del pastel, una “reserva” de plomo para silenciar el abuso. Todo esto para frenar el trabajo de investigación del diario que tanto incomoda al gobierno.
El desafío que el caso plantea a la prensa peruana es inmenso. Al margen de las diferencias que sin duda existen entre distintos medios, tenemos el deber de cerrar filas en una cuestión básica: no se puede tolerar que un gobierno, un fiscal, o un policía, traten de maniatar el papel fiscalizador de la prensa, abriendo indagatorias destinadas a amedrentar a los medios y periodistas, y colocando barreras a la denuncia de estos actos de clara hostilización. No está en juego solamente el caso del periodista Wiener, ni siquiera el de este diario que hace oposición independiente, sino que está en juego la libertad de la prensa para opinar e informar.
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