El director de la Asociación Pro derechos humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, opinó ayer que quienes ordenaron la incineración de los expedientes donde estaban consignadas las identidades de los militares que participaron en la matanza de Putis (Huanta, Ayacucho), en 1984, deberán ser juzgados en su debido momento por el delito de encubrimiento.
“Se dice que los documentos fueron incinerados, pero deben existir actas. En todo caso, los que ordenaron tal incineración deben responder a la justicia ordinaria, nadie puede incinerar documentos del Estado así porque sí. Se tiene que llevar a acabo todo un proceso y por lo tanto el ministerio Público y el Poder judicial en su debido momento deberán esclarecer este hecho”, subrayó.
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