Movidas judiciales favorecen a minera anticomunera

Javier Janhcke, consultor de la Fundación Ecuménica de Desarrollo por la Paz (Fedepaz), denunció que la compañía minera Río Blanco Cooper S.A. consiguió, gracias a argucias técnicas y legales, que el proceso penal en su contra, iniciado por las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas (Piura), volviera a foja cero.

Por Diario La Primera | 21 set 2008 |    
Movidas judiciales favorecen a minera anticomunera
Empresa tapa sus faltas con argucias legales.
Maniobra de Río Blanco hizo que caso vuelva a fojas cero gracias a fallos judiciales sospechosos.

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LOS IMITARÁN 

El fiscal Sosaya acusó a la entonces minera Majaz de haber gestionado un permiso de exploración ante el Ministerio de Energía y Minas con un documento apócrifo de autorización, que no contaba con la aprobación del porcentaje de comuneros establecido en la ley 26505.

“La minera logró que el fiscal Manuel Sosaya, el único que se atrevió a denunciarla, fuera sacado del caso. Hubo toda una persecución contra el fiscal. Lo empapelaron”, afirmó. El letrado explicó que el delito de usurpación de tierras campesinas cometido por la minera nunca fue tomado en cuenta por las instancias judiciales que aceptaron el hábeas corpus presentados por Río Blanco.

El 8 de mayo del 2007, el fiscal provincial mixto de Ayabaca, Manuel Sosaya López, realizó una inspección técnico-judicial en la zona de conflicto y constató la usurpación de la minera. El 8 de noviembre del 2007, Sosaya denunció a los directivos de Río Blanco: Alejandro Auguren, Raymond Jhon, Andrew Bristol, José Arrieta y José Jiménez, por los delitos de usurpación agravada contra la comunidad de Yanta y fraude procesal en agravio de la administración pública así como atentado y delito ecológico en agravio del Estado.

El 18 de abril del 2008 la minera presentó un hábeas corpus contra Sosaya que fue rechazado por el Juzgado Penal de Ayabaca. Río Blanco acudió a salas de la Corte Superior de Lima e incluso al Tribunal Constitucional y la resolución del 18 de julio de la Cuarta Sala Penal de Lima declaró infundado el fallo del juzgado y aceptó el hábeas corpus de la minera.

Increíblemente, la sala pidió la nulidad de todo el proceso penal y que el caso sea investigado por otro fiscal, interfiriendo en las funciones del Ministerio Público, pedido que fue aceptado, pues Sosaya fue derivado a otra área.

Sin embargo, el fiscal sucesor de Sosaya, Marcelo Yauli López, afirmó que su antecesor sólo fue promovido al puesto de fiscal superior por la Fiscalía de la Nación. Además, Yauli alegó que la sala limeña argumentó que el proceso tenía irregularidades. “Los directivos de la minera no asistían a las citaciones de la Fiscalía, pues sólo tratan con salas de Lima. Ahora, el caso está en el juzgado para ser calificado nuevamente”, reveló.

Leonardo Caballero
Enviado Especial


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