Victoria de Doe Run en Indecopi

Dictamen rechaza pretensión de Cormin de apropiarse de Doe Run Perú y del Complejo Metalúrgico de La Oroya, cuya reapertura viabiliza.

| 01 diciembre 2011 12:12 AM | Política | 2.6k Lecturas
Victoria de Doe Run en Indecopi
Expectativa en La Oroya.
Ente falla a su favor
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La Sala de Defensa de la Competencia No. 1 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) resolvió ayer de manera unánime reconocer a Doe Run Cayman como legítimo acreedor de Doe Run Perú SRL y, por tanto, lo habilitó para ejercer sus derechos ante la Junta de Acreedores y reiniciar las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Según la nota informativa de Indecopi, la Sala No. 1 es la segunda y última instancia administrativa y ha resuelto las apelaciones, así como el pedido de nulidad, planteados en el procedimiento concursal de Doe Run Perú S.R.L., referidos a las acreencias de Doe Run Cayman Ltd. y el Ministerio de Energía y Minas.

En el primer caso, la Sala de Defensa de la Competencia No. 1 decidió que no corresponde anular la resolución que reconoció la acreencia de Doe Run Cayman Ltd., toda vez que dicho pronunciamiento no es afectado por ninguna de las causales de nulidad que contempla la Ley de Procedimiento Administrativo General (Art. 10 de la Ley Nº 27444).

Esto significaría un revés a las pretensiones de la empresa Cormin-Trafigura de liderar la Junta de Acreedores y de esa manera, tener el control del Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza.

Para el presidente del Directorio y gerente general de Doe Run Perú, Juan Carlos Huyhua, el dictamen de Indecopi es un triunfo no solo para la empresa que dirige, sino para todos los trabajadores y la comunidad de La Oroya. “Para nosotros, Doe Run Perú y el accionista principal del Grupo Renco, es un gran paso y un gran logro que el Tribunal de Indecopi, en última instancia y por unanimidad de los vocales, haya desestimado las imputaciones de Cormin, por lo cual se ratifica al accionista principal para que pueda ejercer todos sus derechos ante la Junta de Acreedores”, dijo.

Huyhua aseguró asimismo que esta resolución ratifica la posición de Doe Run Perú y confirma que esta empresa siempre ha actuado correctamente, mientras que “Cormin no ha tenido sustento, ni argumentos válidos, para seguir mintiéndole al país”.

Añadió que solo Doe Run Perú seguirá administrando y operando el Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Cormin ha fracasado en su pretensión de que, con una deuda de 30 millones de dólares, quería tomar ventajas del Complejo Metalúrgico de La Oroya, valorizado en más de 1,500 millones de dólares, agregó.

Ahora, según precisa el comunicado de Indecopi, corresponde a los acreedores de Doe Run Perú S.R.L. y no al Indecopi, decidir en una Junta de Acreedores, el destino de la empresa; es decir, si la reestructuran o liquidan.

“Si se decidieran por la primera opción, también deberán optar por mantener la administración original o cambiarla en su totalidad o en parte”, explicó.

Sin embargo, Huyhua dijo que ahora corresponde al Ejecutivo y al Congreso de la República acelerar la aprobación de la Ley de extensión técnica del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). “Después de tres años de paralización injusta, se requiere que también el Estado Peruano asuma sus responsabilidades contractuales del proceso de privatización, así como, también, explique al país en qué forma y modalidad, apoyaría el gobierno al Plan de Reestructuración de Doe Run, con respecto a la acreencia del PAMA”, puntualizó Huyhua.

El presidente del Directorio de Doe Run Perú aseguró que con esta medida está más cerca el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya. “Doe Run Perú cuenta con todo el soporte de las comunidades y sus trabajadores y vamos a mejorar el medioambiente y dar todos los beneficios laborales, así como también, promoviendo la verdadera responsabilidad social”, aseguró.

En otro punto del comunicado, sobre la apelación presentada por el Ministerio de Energía y Minas, para que se le reconozca la deuda de US$ 163 millones, por la implementación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), la Sala de Defensa de la Competencia No. 1, decidió revocar la decisión de primera instancia y reconoció dicha deuda a favor del ministerio, por considerar que la misma califica como un crédito susceptible de ser reconocido en virtud a la Ley General del Sistema Concursal.


Rocío Vara
Redacción


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