Ven mano del fujimorismo en decretos pro impunidad

En la promulgación de los cuatro decretos legislativos que benefician a militares procesados por violar derechos humanos, se advierte la mano del fujimorismo, que en alianza con el aprismo, busca beneficiar a los procesados, afirmó el ex procurador Omar Chehade.

Por Diario La Primera | 06 set 2010 |    
Ven mano del fujimorismo en decretos pro impunidad
Omar Chehade habla claro y denuncia que el aprofujimorismo busca beneficiar a procesados.
Ex procurador pide a la Defensoría del Pueblo y al Colegio de Abogados presentar demandas de inconstitucionalidad contra las normas.

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“La sólida y justa sentencia contra Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta ratificó tal postura jurídica de la imprescriptibilidad”, dijo Ronald Gamarra.
“Yo veo la mano del fujimorismo y del Apra para aprovecharse de la ley y buscar beneficios para ciertas personas que apoyaron sus regímenes. Estoy en total desacuerdo con los beneficios a los procesados que entrega el decreto 1097, como que afronten sus procesos en libertad y que sean resguardados por las instituciones armadas, ningún procesado común tiene esos beneficios”, apuntó.

Sin embargo, Chehade sí está de acuerdo con el extremo del Decreto Legislativo 1097, sobre la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad del año 2003 hacia atrás, ya que el Perú firmó convenios en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad ese año.

Pero el también ex procurador Ronald Gamarra cuestionó que el decreto 1097 pretenda que todas las violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1980 y 2000 tengan un plazo de prescripción, es decir, que existan barreras temporales que hacen imposible su persecución penal.

“La imprescriptibilidad de tales crímenes ha sido aplicada en múltiples oportunidades por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y diversos tribunales y juzgados nacionales. La sólida y justa sentencia contra Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta ratificó tal postura jurídica. Además, los referidos convenios dicen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea la fecha de su perpetración”, dijo Gamarra, tras reafirmar que el decreto 1097 prepara un marco normativo para lograr impunidad.

Gamarra, actual director del equipo de incidencia del Instituto Promoviendo Desarrollo Social (Iprodes), enfatizó que la figura del sobreseimiento (archivamiento) por exceso en el plazo de la instrucción no está contemplada en el código procesal penal peruano. Dijo que si hay demora en los procesos es culpa de la lentitud con la que se administra la justicia en el Perú, y que los problemas en el recojo del pruebas muchas veces no colabora el Ministerio de Defensa.

“Por todo lo expuesto exhortamos a la Defensoría del Pueblo y al decano del Colegio de Abogados de Lima a presentar la demanda de inconstitucionalidad que el caso exige”, sentenció Gamarra.

Marcelo Puelles
Redacción

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