Una corrupción galopante

En el mensaje presidencial de Fiestas Patrias del año pasado, el presidente García prometió la construcción de un penal para corruptos que sería edificado en la selva. Un año después nada se sabe de ese proyecto y los corruptos siguen impunes.

Por Diario La Primera | 28 jul 2010 |    
Una corrupción galopante
Aprista Omar Quesada renunció a Cofopri por “regalo” de terrenos a un traficante de terrenos.
Desde Petroaudios hasta regalos de terrenos marcaron cuatro años de impunidad. Corrupción e impunidad que vienen del primer gobierno aprista.

Los escándalos de corrupción que han quedado como emblemas del presente gobierno, son, principalmente los de los petroaudios y de Cofopri. Estos casos involucraron a dos altos funcionarios y dirigentes apristas: Jorge del Castillo y Omar Quesada, entre otros personajes ligados al poder que maneja el jefe de Estado, como sus colaboradores más cercanos.

El domingo 5 de octubre de 2008, el programa Cuarto Poder difundió unos audios que registraban conversaciones entre el ex ministro y ex parlamentario aprista Rómulo León y el directivo de Perupetro, Alberto Químper Herrera, sobre gestiones exitosas a favor de la petrolera Discover Petroleum International. Esta firma noruega ganó la licitación para explorar cinco lotes petroleros en la selva peruana. Jorge del Castillo, entonces presidente del gabinete de ministros renunció jaqueado y señalado como uno de los personajes actores de este gran caso de corrupción. Químper fue detenido. León Alegría fugó y se entregó a la justicia 36 días después.

Actualmente León es el único que está preso por este caso. Detrás de los petroaudios existían más historias de presunta corrupción, que llegaban incluso a Palacio de Gobierno, puesto que el empresario dominicano Fortunato Canaán y Rómulo León tejieron una red de contactos con el objetivo de ganar licitaciones, contratos, y muchas ganancias. Algunas autoridades cayeron en esa red, no sólo autoridades del gobierno central sino también de los gobiernos regionales.

Cofopri y Quesada
En el caso Cofopri, IDL-Reporteros reveló que había ocurrido una festinación de trámites para entregar un terreno de 30 mil metros cuadros en Chilca a Oswaldo Chauca, un antiguo dirigente aprista y conocido como un viejo traficante de terrenos. El escándalo fue tal que el titular de Cofopri, Omar Quesada, renunció al cargo y luego, aunque por un lapso muy corto, pidió licencia como secretario general Institucional del Partido Aprista.

La ONA
En materia de lucha contra la corrupción, el jefe de Estado creo la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA). Al frente de esa oficina el presidente Alan García colocó a la juez Carolina Lizárraga. La presentó con bombos y platillos, pero nunca le entregaron los recursos necesarios para ejecutar investigaciones a funcionarios del gobierno y prevenir la corrupción. Pronto la ONA se convirtió en una entidad fantasma, los funcionarios contratados renunciaron y Lizárraga también decidió apartarse de esa oficina. Intentó retornar al Poder Judicial, pero no lo logró y tuvo que abandonar importantes investigaciones como la sobrevaluación de enseres comprados para los damnificados del terremoto que ocurrió en Pisco, en agosto de 2007.

El reino de la impunidad
-Hubo más de una denuncia contra los encargados de la reconstrucción del sur que fue devastado por un terremoto de 7.9 en la escala Richter en agosto del 2007. Nadie ha sido castigado.

-DhMont compró contra viento y marea 640 hectáreas del Aeródromo de Collique para construir departamentos donde el metro cuadrado puede ascender hoy hasta 100 dólares.

-García indultó en el 2010 al montesinista José Enrique Crousillat y ante la presión de la opinión pública retrocedió pero el empresario que vendió la línea editorial de su canal al fujimorismo ya había fugado.

-Apristas fueron denunciados de recibir viajes y otros privilegios de la cuestionada Universidad Alas Peruanas a cambio de favores en el Parlamento. Al actual presidente del Parlamento también lo involucraron, pero al final quedaron impunes.

Y un Congreso encubridor
El Congreso, que durante este gobierno ha sido presidido por legisladores oficialistas, no ha tenido una función fiscalizadora ni investigadora. Conocidos son los casos en que las denuncias de actos de corrupción han sido archivadas o saboteadas por la bancada oficialista y sus aliados en el Parlamento.

Por ejemplo, en el caso Petroaudios, los integrantes de la comisión que realizó las investigaciones se dividieron y presentaron dos informes, uno en mayoría y otro en minoría. Durante el proceso de indagación rindieron sus testimonios diversos personajes involucrados en la red del empresario dominicano Fortunato Canaán y el ex ministro aprista Rómulo León Alegría. Durante el mismo periodo el congresista Carlos Raffo, representante de la bancada fujimorista en ese grupo de trabajo, criticó duramente al ex premier Jorge del Castillo; sin embargo, a la hora de emitir sus conclusiones dijo que no había motivos suficientes para acusarlo constitucionalmente.

El titular de esa comisión, el nacionalista Daniel Abugattás, presentó un informe en minoría, el cual señalaba responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales. Pero fue archivado.

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