Un crimen de Estado

Horas antes de la desaparición del profesor Hugo Muñoz y de nueve estudiantes de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, el 18 de julio de 1992, el teniente Alberto Mozo Maeda informó a sus jefes que la joven Bertila Lozano lo había amenazado de muerte y que, al hacerlo, había aludido al atentado de la calle Tarata, que había dejado más de una veintena de muertes en el distrito de Miraflores.

| 18 julio 2009 12:07 AM | Política |1.5k Lecturas
Un crimen de Estado
(1) Aquella noche la orden era “exterminar a los subversivos”. Foto: entierro de los restos de víctimas. (2) Fue un lucha contínua para encontrar justicia.
Hoy se recuerda la matanza de La Cantuta ocurrida hace 17 años.

Más datos

DETALLE

Fujimori cumple una condena de 25 años como autor intelectual de la matanza de La Cantuta y la masacre de Barrios Altos, asi como del delito de secuestro. Montesinos tiene un juicio pendiente por los hechos de La Cantuta.
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Mozo Maeda era el enlace de inteligencia con la Dirección de Fuerzas Especiales del Ejército (DIFE), que tenía a su cargo el control de La Cantuta y cuyo jefe era el general del Ejército Luis Pérez Documet, el hombre que se presentaría como el que logró ubicar a los responsables del cruel atentado que conmovió al país y que puso en jaque al régimen del reciente golpe del cinco de abril.

Algunos testigos, que años después pudieron ver a Mozo Maeda, aseguran que es el famoso “teniente Medina”, el que los amenazó desde que llegara a la universidad en los primeros meses de 1992. Días antes de los secuestros y asesinatos, “Medina” se había enfrascado en una acre disputa con el profesor Muñoz y algunos alumnos que le cuestionaron el inmiscuirse en asuntos propios de la universidad, que entonces regentaba Alfonso Ramos Geldres.

Fujimori
Muñoz y los estudiantes habían sido acusados un año antes de brindarle una recepción nada grata a Alberto Fujimori. Él había pretendido ingresar a la universidad el 21 de mayo de 1991, en un acto que fue calificado como una provocación. La ira de los alumnos fue tal que apenas se le divisó en la puerta de ingreso, una lluvia de piedras cayó sobre él.

Tras la frustrada visita, Fujimori ordenó el ingreso del Ejército a través de un batallón que dependía de la DIFE. “Es hora de poner orden y disciplina en las universidades para terminar con la infiltración subversiva”, declaró, contradiciendo la posición que mantuvo como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, cuando cuestionó toda intervención estatal en los predios universitarios.

Tras la orden presidencial, los militares allanaron las viviendas de los estudiantes de La Cantuta y dijeron haber encontrado “documentos comprometedores” que permitieron detener a algunos supuestos subversivos. Algunos de los apresados, como Armando Amaro Cóndor, Felipe Flores Chipana y Robert Teodoro, entre otros, fueron liberados “porque no se les demostró su participación en los hechos”. Quien se puso a recaudo fue Juan Mariños, quien aparecía con presuntos senderistas en un vídeo filmado por el Colectivo Comunista de Italia, y que fue encontrado en el allanamiento.

Orden del SIN
Los elementos que hacían sospechar de Muñoz y los estudiantes fueron acumulados por los agentes de inteligencia que operaban en la universidad. Esos datos pasaban por la DIFE, pero también por el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que transmitía sus datos al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que decidía qué hacer con ellos, con la venia de Vladimiro Montesinos.

En los primeros meses de 1992, Fujimori y su socio creyeron allanado el camino del “gobierno de reconstrucción nacional”, luego del exitoso golpe de Estado y después que parte de la cúpula senderista fuera abatida en el penal de Canto Grande. Pero sus sueños de opio despertaron tras el cruento estallido de dos coches bomba en la calle Tarata, el 16 de julio de ese año.

Horas después, una reunión de emergencia los convocó para dar con los responsables del cruel atentado. En su mesa de reuniones, los socios recibieron el informe presentado por Mozo Maeda a sus jefes. Otro de los reportes fue el del oficial de inteligencia de la DIFE, Alberto Rodríguez Córdova, quien acusó a los estudiantes de celebrar el atentado de Miraflores en las instalaciones de La Cantuta.

A todo ello, se sumó la versión de que la noche del 16 de julio un grupo de estudiantes había ingresado a la universidad en la camioneta del profesor Hugo Muñoz, cuya tolva estaba manchada en sangre. No contaron la versión de la otra parte, que indicaba que era la sangre de las aves sacrificadas para la fiesta de cumpleaños de los que habitaban la residencia estudiantil, que se iba a celebrar el 17 de julio, lo que Rodríguez Córdova calificó como “la fiesta por el atentado de Tarata”.

Exterminio
La desesperación del régimen para dar con los responsables de los actos de violencia en esos días, no permitió que las acusaciones fueran confirmadas. Los datos fueron tomados al pie de la letra y los acusados fueron sentenciados sin dar paso a mayores explicaciones.

Sin demora, Fujimori y Montesinos decidieron que había llegado la hora de darle una lección a los responsables del atentado. Se armó una lista con los nombres de los supuestos subversivos, nómina que fue a parar a manos del jefe del Grupo Colina, el mayor Martin Rivas.

El general Pérez Documet decidió que el teniente Aquilino Portella serviría de guía al enviado del SIN. Con la lista en la mano, los ejecutores llegaron a la universidad y cumplieron el plan diseñado de antemano: “exterminar a los subversivos”.

Fujimori y Montesinos culminaron así el pacto firmado a inicios del gobierno, en el que “El Plan Verde” sirvió de eje para la estrategia antisubversiva que se desarrollaría en esos años, en los que las desapariciones y las ejecuciones clandestinas se ejecutaron sin ningún tipo de miramientos y en que el Grupo Colina jugó un rol de primera línea en su aplicación.

Efraín Rúa *
Redacción

(*) Autor del libro “El Crimen de La Cantuta”.

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