Trabas a denuncia por El Frontón

La poca voluntad de importantes autoridades del Ministerio Público por contribuir a investigar y denunciar ante el Poder Judicial a los culpables de la masacre de El Frontón de 1986, no es nueva, sino es de larga data

| 26 setiembre 2011 12:09 AM | Política | 2.7k Lecturas
Trabas a denuncia por El Frontón
(1) En 1986 ocurrieron los hechos sin que hasta ahora el Ministerio Público demuestre celeridad. (2) Ejecuciones de presos siguen sin explicación alguna.
Defensores de derechos humanos ven falta de voluntad de parte de Fiscalía para investigar y denunciar a culpables.
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Un ejemplo de ello fue su reticencia a cumplir desde febrero de 2003, el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó la exhumación e identificación de los 111 presos senderistas muertos durante la represión del motín carcelario.

La matanza habría sido desencadenada por el aún joven presidente Alan García, como respuesta extremadamente desproporcionada al desafío terrorista que opacaba su pretendido liderazgo en el Congreso de la Internacional Socialista, que en junio de 1986 se realizaba en Lima.

En los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, los presos acusados de terrorismo se habían amotinado. Ante esa crítica situación, García encargó a las Fuerzas Armadas el control de la situación.

Su ministro del Interior, Agustín Mantilla, estuvo al tanto de los acontecimientos y coordinó las acciones con el propio García. Empeñado en que aquellos hechos no queden impunes, el Instituto de Defensa Legal (IDL) demandó a la fiscal superior de derechos humanos, Luz Ibáñez, formular lo más pronto posible acusación penal contra una treintena de efectivos de la Marina de Guerra, señalados como autores materiales de la masacre. Dicho organismo ha explicado que, formalmente, la fiscal Ibáñez ya ha concluido la instrucción, la misma que ha durado ya cinco años, y el expediente se encuentra en su despacho, a la espera de que presente la acusación.

Los organismos defensores de los Derechos Humanos consideran que la estrategia del Ministerio Público ha consistido en entorpecer las investigaciones, a fin de que nunca se pueda establecer quién tuvo la responsabilidad política y material sobre aquellos sangrientos hechos.

En todo caso, advierten que la Fiscalía de la Nación debería tener en cuenta que hay demasiados organismos internacionales observando su trabajo y su comportamiento, por lo que colocar un manto bloqueador a la verdad de los hechos sangrientos acontecidos en esa isla penal, solo interesa a los presuntos directos responsables de la misma, es decir, Alan García, su Consejo de Ministros y altos mandos militares.


Javier Soto
Redacción


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