Sin base acusación contra 13 dirigentes

Las dependencias policiales consultadas por la prensa informan que aún no han recibido el pedido judicial para la detención de un grupo de 13 ciudadanos peruanos, dentro de los que destacan algunos de los principales líderes de izquierda, pero que incluye dirigentes regionales y sociales de diversas provincias.

| 26 diciembre 2008 12:12 AM | Política |643 Lecturas
Sin base acusación contra 13 dirigentes
Auris, Raffo y Moreno en la lista negra de la Dircote.
Le buscan cinco patas al gato con tal de neutralizar labor de la oposición, mientras descuidan la seguridad ciudadana.
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A su vez, en el Segundo Juzgado Supranacional afirman que ya se expidió la orden. La fiscal que lleva el caso indica que todo está ahora en manos del Poder Judicial. El ministro del Interior, Remigio Hernani, reitera que el gobierno sólo interviene a pedido del Ministerio Público. ¿A quién quieren confundir? Cuando LA PRIMERA le preguntó al ministro cuáles son las pruebas que relacionarían a estas personas con el terrorismo internacional, éste dijo “pregúntenle a la Fiscalía”.

Lo que nadie está diciendo es: ¿quién denuncia?, ¿cuál es el delito por el que se ha iniciado la persecución política? La versión oficial dice que el origen son las investigaciones de la policía colombiana a partir de la información que afirma haber obtenido de la computadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero ahí viene el primer problema: todos sabemos que la organización de Raúl Reyes y Manuel Marulanda busca actuar en la política de su país con acciones militares que incluyen terrorismo, secuestros, operaciones guerrilleras y otras.

Nadie dice, sin embargo, que los ciudadanos peruanos hayan tenido la menor relación con tales acciones, en cualquier forma y que se hayan involucrado en política colombiana. Entonces: ¿cómo puede haber “colaboración con el terrorismo internacional”, si nadie puede probar que alguno de los 13 haya tenido que ver con la actividad militar de las FARC?

Tampoco hay evidencia alguna de que los colombianos se hayan involucrado en política peruana o de otros países latinoamericanos, a partir de actores locales como las personas que sufren orden de captura en el Perú. ¿Cómo puede haber colaboración y terrorismo internacional, si no hay políticas comunes entre peruanos y colombianos?

Pero ya sabemos desde la detención de los 7 de Tumbes, que ahora existe un nuevo tipo de sospechoso, del que se sospecha que hará algo en el futuro. Así Roque Gonzales y sus compañeros estuvieron acusados de querer sabotear las cumbres que nadie saboteó y que ellos no podían sabotear. ¿Porque no va a ser posible que Raffo, Auris, Moreno y los otros, hayan estado pensando hacer algo con las FARC las veces que se encontraron con alguien que la policía colombiana afirma que se encuentra vinculada a la organización subversiva de ese país?

Es la primera vez que se define un caso como delito de “colaboración con el terrorismo internacional”, que resulta aún más confusa que la colaboración con el nacional: prestar vivienda, atención médica, logística, etc., a los subversivos. Lo grave es que esa ambigüedad genera una enorme manga ancha para el abuso. No es casual que al lado de los 13 con orden de captura, se encuentre el nombre de Ollanta Humala que también deberá responder por presunto colaboracionismo por aparecer en una foto haciendo brindis con Almikar Figueroa en una reunión diplomática en Lima.

Ese sí es un crimen que merece mover a jueces, fiscales, investigadores policiales y periodistas que funcionan como brazo mediático de las políticas represivas.

Simon me dijo que sí hay reglaje
El ex secretario general del Partido Comunista Peruano, Renán Raffo recordó ayer que durante la reunión que los líderes de izquierda sostuvieron con el premier Yehude Simon, éste admitió que sí existe un seguimiento a los líderes de la oposición aunque aseguró, Yehude, que no existe persecución política.

En su momento, y después de que LA PRIMERA denunciara una persecución política contra 13 representantes de la oposición, incluyendo al líder opositor Ollanta Humala, el ministro del Interior, Remigio Hernani, negó que el Ejecutivo dispuso un reglaje a dirigentes de partidos políticos de izquierda.

En aquella oportunidad, el ministro mencionó que a mediados de setiembre, la Tercera Fiscalía Supraprovincial dispuso que la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote) realice indagaciones de los correos electrónicos de un dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de apellido Reyes.

Dijo que el proceso siguió los conductos regulares, porque la información de esos contactos llegó a través de la Cancillería, luego a la Fiscalía de la Nación, para después ser derivada a la fiscalía supraprovincial y de allí a la Dircote.

Raúl Wiener
Redacción

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