Simón quiere plata

Alan Simón García Nores, hijo del Presidente de la República, no sólo quiere ver al director del diario LA PRIMERA, César Lévano, sentenciado por el delito de difamación, tal como ha logrado, en primera instancia, con nuestro redactor Efraín Rúa, sino que considera “diminuta y eximia” la reparación de cinco mil nuevos soles que debe pagarle Rúa, según lo dispuesto por la jueza Irma Simeón Velasco, del 54º Juzgado Penal de Lima, y pretende en cambio una indemnización de 100 mil dólares por un daño inexistente.

| 03 octubre 2009 12:10 AM | Política | 415 Lecturas
Simón quiere plata
Insiste en sanción para director de LA PRIMERA, César Lévano, y pretende cobrar 100 mil dólares por supuesta difamación.

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“En este caso, César Lévano y Efraín Rúa, nunca tuvieron la intención de dañar o referirse de forma maliciosa a García Nores. Sólo hicieron uso del derecho a la información”, expresó Álvarez.
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Así consta en la apelación presentada por el hijo del hombre más poderoso del Perú -y que fue notificada recién el jueves último a la parte demandada-, luego del fallo en primera instancia de la querella que presentó por el presunto delito de difamación cometido con la publicación en nuestro diario de una nota informativa en la que los comuneros de San Pedro de Lloc (La Libertad) relacionaron a García Nores con la compra irregular de sus tierras por una empresa privada.

En su apelación, el joven demandante señaló que César Lévano no debió ser exculpado por la jueza, pues según su argumentación, tuvo una manifiesta intención de dañar su buen nombre, al permitir la publicación de la nota.

Acoso político
“Más que un tema jurídico, lo que apreciamos acá es una voluntad de intimidación y acoso de tipo político dirigido a castigar la línea crítica de un diario como LA PRIMERA”, manifestó el abogado de la defensa, Benjamín Álvarez, quien señaló, además, que, jurídicamente, la querella no tiene ninguna consistencia porque el demandante debió pedir una rectificación a nuestro diario, y no lo hizo, sobre un tema que, por lo demás, es de dominio público porque otros medios han difundido la denuncia de los comuneros, en la que se han ratificado públicamente.

“Sólo esperamos que los magistrados de la Sala Penal de Reos Libres, a la que debe subir la apelación presentada por la defensa y el demandante, no se dejen influenciar por personajes que ya conocemos en el ámbito judicial”, dijo el abogado Álvarez, sin hacer precisiones.

Señaló que la postura de la defensa es de gran solidez jurídica, amparada en la jurisprudencia internacional y el derecho comparado. Recordó que, como resultado de un pleno jurisdiccional realizado en el año 2006, se ha establecido que, ante un aparente conflicto entre los preceptos constitucionales del Honor y el Derecho a la Información, el juzgador debe optar por el segundo si verifica que en su ejercicio no hubo intencionalidad de hacer daño o de difamar.


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