Saltó todas las normas en remodelación de estadio

Alan García habría cometido delito contra la administración del Estado en las modalidades de malversación de fondos y colusión. Remodelación empezó con una partida inicial de 20 millones de soles y terminó costando algo más de 217 millones de soles.

| 23 abril 2012 12:04 AM | Política | 4.9k Lecturas
Saltó todas las normas en remodelación de estadio
Se burló de todas las normas.

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SANTOS

El exparlamentario nacionalista Pedro Santos brindó su pleno respaldo a la Megacomisión que preside Sergio Tejada, y dijo estar confiado en que este grupo llegará a determinar responsabilidades en la cuestionada remoción del Estadio Nacional. Agregó que todos los legisladores deben cerrar filas para lograr desentrañar la verdad y decir no a la corrupción.
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El exmandatario Alan García habría cometido el delito contra la Administración Pública al emitir el decreto de urgencia 004-2009, que exonera de licitación la remodelación del Estadio Nacional sin cumplir los requisitos necesarios, así como por aprobar el expediente técnico y el informe legal que sustentan dicha obra.

Según información obtenida del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), García, el 9 de enero del 2009, no solo aprobó el decreto de urgencia 004-2009, que es un instrumento legal que exonera de concurso público la referida remodelación, sino que también da visto bueno al informe técnico y al informe legal.

Esta es una de las conclusiones a las que llegó el subgrupo que encabezó en el Congreso anterior el exparlamentario nacionalista Pedro Santos, quien investigó la cuestionada remodelación del coloso José Díaz y detecto que de una partida inicial de S/. 20 millones se terminó gastando algo más de S/. 217 millones, es decir, cerca de 21 veces más de lo previsto.

MEGACOMISIÓN
Este informe que también está en manos del Ministerio Público servirá de fundamento para las indagaciones que realizará la Megacomisión investigadora del gobierno anterior sobre la sospechosa rehabilitación del Estadio Nacional, ni bien el Pleno ratifique la decisión de la Comisión de Educación que acordó derivar todo lo actuado a este grupo especial.

DEBE RESPONDER
Santos subrayó que pesa responsabilidad en el expresidente de la República, toda vez que éste, aparte del mandato que tenía como inquilino de Palacio de Gobierno, hizo las veces de un técnico y de un experto en normas de adquisiciones del Estado.

Dijo que García habría atentado contra la Administración Pública en la modalidad contra los deberes de función. “Él hace los informes técnicos, los informes legales, y eso lo dice Seace, todo lo firma y él asume toda la responsabilidad”, acotó, al recordar que García además aprobó el instrumento que exonera la obra de remodelación de toda licitación, es decir el DU 004.

Santos agregó que “para sacar la plata”, en un solo día y a la misma hora, se cumple de forma ilegal todo el procedimiento. Así, el mismo 11 de febrero del 2010 se efectuó la convocatoria, el registro de participantes, presentación de las propuestas y se otorgó la buena pro.

“Primero tiene que hacerse la convocatoria, luego el registro de participantes, después la presentación de las propuestas técnica legal o financiera, evaluación de la propuesta y recién se entrega la buena pro. Pero eso lo hicieron en un solo acto cuando puede demorar entre un mes a un año”, remarcó.

UNA OPERACIÓN FINA Y DESCARADA.
Por tales razones, el excongresista enfatizó que se trató de una operación fina con el único fin de “aprovecharse de dinero del erario nacional”, y descarada porque simplemente hicieron lo que se les dio la gana con tal de hacer la obra.

Aclaró que el gobierno no tenía programado en el plan anual de acciones del Instituto Nacional de Deporte (IPD), que depende del Ministerio de Educación, realizar alguna obra o modificación.

“Hasta que el 10 de enero del 2009 se les aparece la Virgen con el programa de rehabilitación de los colegios emblemáticos y centenarios y dos días después mediante fe de erratas se incluye el Estadio Nacional como si fuera una institución educativa, sin respetar la estructura requerida para emitir este tipo de normas”, dijo.

Incluso manifestó que como el gobierno no sabía qué hacer opta por invitar a diferentes empresas a presentar sus propuestas para la obra y luego, bajo esta misma modalidad, a participar en la ejecución de la misma.

HABRÍAN MALVERSADO FONDOS Y COLUSIÓN
En este punto, Santos afirmó que el Ejecutivo en el 2009 para lograr su propósito, primero quita 20 millones de soles al Ministerio de Educación, luego despojan a la provincia de Sullana en Piura de los cuatro millones que estaban previstos para la construcción del Estadio Campeones del 36.

Un año después, añadió, ya tenían un presupuesto de 50 millones, pero “como se avivaron mucho los contratistas y pedían más dinero entonces le quitan al Ministerio de Educación otros 50 millones más de soles que servirían para erigir el Coliseo Villa Deportiva Nacional, que sí contaba con un expediente técnico aprobado, es decir se derivan fondos públicos a fines diferentes del que estaba previsto. “Eso es un delito, se habría malversado fondos”, acotó.

Al respecto, Santos agregó que habría existido una colusión con los contratistas y proveedores para supuestamente favorecerlos. En este sentido, recordó que éstos efectuaron cerca de 25 modificaciones al contrato original, sin mediar ningún tipo de control del Estado. Así el expediente inicial de 140 millones de soles llegó a superar los 217 millones de soles.

CHANG TENDRÁ QUE EXPLICAR
Frente a ello, Santos precisó que el exministro de Educación José Antonio Chang tendrá que explicar qué obra dejó de ejecutarse con los primero 20 millones que entregó para el Estadio Nacional y por qué no se construyó el Coliseo Villa Deportiva Nacional.

El exparlamentario, además, sostuvo que el exjefe del IPD Arturo Woodman, posiblemente para evitar usar la infraestructura de esta entidad, creó mediante resolución 543-2009-P/IPD del 1º de diciembre del 2009 “El Proyecto Especial Modernización del Estadio Nacional”.

Consultado por este diario, el constitucionalista César Valega explicó que García, como expresidente, goza por cinco años del derecho al antejuicio político y aclaró que ahora sí puede ser acusado y procesado por el Delito Contra la Administración Pública, pues mientras era Presidente por estos hechos tenían que haber respondido sus ministros.

A su vez, el congresista y abogado Heriberto Benítez detalló que el Código Penal establece hasta una pena de 15 años para este delito y sus diversas modalidades como Malversación de Fondos, Colusión y otros.

Precisó que en caso de que la Megacomisión encuentre responsabilidad en García por la dación del DU 004-2009 y la serie de acciones que le siguieron, entonces el Poder Judicial podría pedir su detención al igual que la de su exministro de Educación.


Vilma Escalante
Redacción


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