Rey consultó con Nakazaki elaboración de norma 1097

Ministro admite que también habló con abogado de Luis Giampietri. ¿Cuál es el problema?, pregunta el ministro de Defensa y califica de intolerantes a los que cuestionan ilegal norma.

Por Diario La Primera | 11 set 2010 |    
Rey consultó con Nakazaki elaboración de norma 1097
Rey habló con los fujimoristas para hacer los decretos pro-amnistía.

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Ante el debate suscitado por la expedición de los decretos legislativos 1094 al 1097, la Conferencia Episcopal se pronunció por el respeto a la vida, y recordó -a través de un comunicado- que el derecho fundamental a la vida es anterior a cualquier otro derecho, y que está expresado en el mandamiento divino “no matarás”, el mismo que garantiza no sólo el cuidado de la vida humana sino la protección que la sociedad y el Estado tienen obligación de garantizar.

Confesó todo. El ministro de Defensa, Rafael Rey, admitió haber consultado con los abogados de Alberto Fujimori y del primer vicepresidente, Luis Giampietri, la elaboración del cuestionado decreto legislativo 1097, que busca la prescripción de los delitos de lesa humanidad.

Los juristas que consultó Rey son César Nakazaki, abogado del ex dictador, y Sergio Tapia, defensor del acusado por la masacre de El Frontón. “Ninguna asesoría. Hemos hablado con ellos y con muchos otros, aunque si hubiera habido alguna relación de asesoría, ¿cuál seria el problema?, no se puede ser tan ridículo ni tan intolerante.”, expresó.

De acuerdo a Ideele-Reportero, el jefe del gabinete de asesores, Luis Cobeña, se encargó de coordinar con Nakazaki, cliente del Ministerio de Defensa en varios casos de Derechos Humanos, la elaboración de varios decretos.

“Por supuesto que he consultado cosas con César Nakazaki, por teléfono (…), por qué se me acusa o por qué estaría proscrito que yo pudiera hablar con una persona, a la que conozco hace muchísimos años. Ninguno, ni Nakazaki ni Sergio Tapia, es asesor del ministerio”, admitió en conferencia de prensa.

Sin embargo, Rey no dijo que en su accionar habría incurrido en actos dolosos, pues estaría utilizando a abogados de violadores de derechos humanos en la expedición de decretos que favorecen a sus clientes.

Varios abogados del estudio de Nakazaki fueron nombrados a dedo por el ministro Rey para defender a militares acusados por violaciones de derechos humanos. El contrato incluía la facultad de “elaboración de propuestas de medidas legislativas”. Uno de estos abogados es Adolfo Johan Pinedo.

Buscando minimizar la intervención de Nakazaki y Tapia, Rey aseguró que ninguno tuvo relación directa con la redacción del cuestionado decreto, pues, dijo, ninguno de los dos cumple funciones de asesor del Ministerio de Defensa ni ha tenido papel fundamental en la redacción de la norma.

Una disculpa por demás absurda, que pretende negar lo que es evidente. Que un grupo especial de asesores conformado por los abogados vinculados al fujimorismo, entre ellos César Delgado Guembes, que fue hasta hace poco importante funcionario del Congreso, participó en la redacción de diversos decretos que tienen nombre propio.

Según la investigación de Ideele-Reporteros, la reunión se habría realizado la tarde del 24 de agosto, víspera de un Consejo de Ministros en el que se iba a discutir los proyectos de ley (1094, 1095, 1096 y 1097) elaborados por la cartera de Defensa, sobre los procesos a militares y policías por delitos de derechos humanos.

Rey también criticó “la intolerancia” de quienes critican la norma y solicitó una “reunión urgente” con la Conferencia de Episcopal Peruana, para informar los verdaderos alcances del dispositivo legal.

Con lo dicho por Rey, se estaría echando por tierra las declaraciones de Keiko Fujimori quien pretendió desconocer cualquier relación entre el DL 1097 y los fujimoristas, cuando declaró que su creación no fue iniciativa de su agrupación política.

El abogado Carlos Rivera de IDL solicitó al ministro de Justicia, Víctor García Toma, pronunciarse sobre un hecho que evidencia un acto de corrupción en las altas esferas de este gobierno. “El ministro de Justicia tendría que emitir una opinión sobre esa reunión... Me parece que es imprescindible que él como hombre de derecho emita una opinión al respecto”, opinó.

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