Responsabilidad penal puede llegar a García

Un líder nativo y dos experimentados defensores de derechos humanos como el ex procurador Omar Chehade y Miguel Jugo, coincidieron ayer en señalar que, además de los 16 oficiales acusados por el Ministerio Público de homicidio y otros delitos, por la muerte de diez nativos y pobladores de Bagua, la denuncia fiscal debió incluir a altas autoridades del gobierno y hasta al presidente Alan García, porque tendrían responsabilidad penal, aunque no los señalaron como culpables.

Por Diario La Primera | 11 ago 2009 |    
Responsabilidad penal puede llegar a García
En investigación fiscal deben incluirse al ex premier Yehude Simon, y a los ex ministros Mercedes Cabanillas y Ántero Flores-Aráoz.
Sostienen que ministros Yehude Simon, Mercedes Cabanillas y Ántero Flores-Aráoz también deberían ir al banquillo por el “Baguazo”.

El vocero de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Carlos Nava, consideró tardía la decisión de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba de denunciar penalmente a los jefes policiales que organizaron y ejecutaron el desalojo de la Curva del Diablo en Bagua y, además, debió incluir al jefe de Estado, Alan García, como responsable político directo, así como al ex primer ministro, Yehude Simon, y a los ex titulares del Interior, Mercedes Cabanillas, y Defensa, Ántero Flores-Aráoz.

En el caso de Flores-Aráoz, Nava opinó que también le compete responsabilidad por omisión, debido a que, a pesar de contar con hombres ubicados cerca de la estación 6 de Petroperú, no hizo nada para que éstos brinden ayuda a los efectivos policiales acantonados allí, antes de que un grupo de nativos los ultimara.

Nava, quien encabeza la representación de Aidesep en el grupo 1 de la Mesa de Diálogo con el gobierno, denunció que tanto él como otros líderes nativos son hostilizados judicialmente, razón por la cual insistió en que debe ser creada una comisión investigadora en torno a los sucesos de Bagua.

El pedido ha sido respaldado por el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Acción Social de la Conferencia Episcopal, Humberto Ortiz, quien calificó de importante los esfuerzos, como la denuncia fiscal, desarrollados en procura de hallar la verdad y a los responsables de las muertes de nativos y policías, así como de los heridos registrados en la zona.

Autoría mediata
El ex procurador Omar Chehade no descartó que la responsabilidad del “Baguazo” pueda llegar a las más altas esferas del gobierno, pues recordó que la responsabilidad política se convierte en criminal cuando el mando político se traduce en órdenes, como lo ocurrido en el caso Fujimori.

“Claro que sí podría pasar algo parecido (al caso Fujimori), pero ello se sabrá sólo después de una exhaustiva investigación, y luego que el comando policial diga si actuó por propia voluntad o hubo órdenes del más alto nivel, es decir del nivel político”, sostuvo, recordando también lo que pasó en el caso de El Frontón.

Chehade aclaró, sin embargo, que primero deben investigarse los hechos hasta el más alto rango y estamento político, como son los ex ministros del Interior, Defensa, el ex jefe del gabinete e inclusive el presidente de la República. “No conozco el expediente, no afirmo que haya responsabilidad de tal o cual autoridad política, pero la figura de la autoría mediata puede darse”, dijo.

Miguel Jugo, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos, confirmó que la acusación fiscal debió extenderse también a la ex titular del Interior, Mercedes Cabanillas, como responsable político de los lamentables hechos que significaron la muerte de 34 peruanos, entre nativos, pobladores y policías. La denuncia, dijo Jugo, demuestra que el gobierno actuó con violencia contra los nativos y el discurso oficial apuntaba a mantener impune estas acciones.

Para Jugo, la decisión de la fiscal Luz Rojas es un paso importante porque es necesario que el Ministerio Público y el Poder Judicial se aboquen a investigar los sucesos del 5 de junio en Bagua, porque es la instancia que determinará el nivel de participación de los involucrados.


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