Repudio general a juez de La Parada

Duras críticas recibió el juez superior Malzon Urbina, por haber dictado un fallo a favor de un grupo de comerciantes de La Parada, en el que alega que el antiguo propietario (Luis Cánepa) del terreno donde se encuentra el viejo mercado, lo donó a condición de que sea destinado para la construcción de un mercado mayorista.

| 03 abril 2013 12:04 AM | Política | 1.7k Lecturas
Repudio general a juez de La Parada
Municipalidad de Lima denunciará a Malzon Urbina por prevaricato.
Corte Suprema precisa que no es definitivo el fallo que favorece a un grupo de comerciantes de La Parada que se han rehusado a trasladarse a Santa Anita.
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Su fallo le devuelve a La Parada su condición de mercado mayorista, ordena el retiro de los bloques de cemento que impiden el ingreso de camiones al centro de abastos, exige el retiro inmediato de las fuerzas policiales ubicadas en el perímetro del mercado y en calles adyacentes y anula la resolución de la municipalidad de Lima que dispone construir en ese terreno el Parque del Migrante.

Urbina señala que su fallo se sustenta en que el desalojo de los comerciantes de La Parada vulneró la libertad individual y afectó el derecho de igualdad ante la ley por trato discriminatorio.

“El contrato de donación estableció en su cláusula segunda que el terreno era donado para el funcionamiento de un mercado mayorista y otro minorista. Y parte de la segunda cláusula indica que la municipalidad aceptaba esa donación. (…) Las donaciones constituyen un contrato y los contratos son de obligatoriedad insalvable para las partes”, manifestó Urbina en conferencia de prensa.

Argumentó que la municipalidad de Lima, basándose en la cláusula seis del contrato que le da potestad sobre el uso del referido terreno, interpretó el contrato “de manera tendenciosa” y que “inobservó” el debido proceso al cerrar La Parada, en octubre del 2012.

Urbina, de quien se sospecha habría recibido una bolsa de dinero de 70 mil soles de los comerciantes de La Parada, según denuncia deL procurador, refirió que la cláusula sexta es intrascendente e irrelevante.

“Es sumamente intrascendente e irrelevante la cláusula sexta que señala que la municipalidad de Lima acepta la donación, y como se trata de una donación para fines de utilidad pública está exonerada del pago de alcabala y todo tipo de impuesto”, expresó. El jurista Carlos Chipoco sostuvo que Urbina “ha transgredido constitucionalmente” los fueros de los gobiernos locales, que es la de cerrar o abrir mercados, y que ha resuelto erróneamente al señalar que el municipio de Lima restringió el derecho de tránsito de las personas.

“Lo que el municipio decidió fue cerrar el mercado por la situación de inseguridad e insalubridad que se vivía en la zona, es decir, reguló la libertad de comercio; no para imposibilitar el acceso de la gente al mercado, como sostiene el juez Urbina”, dijo a LA PRIMERA.

Por tanto, indicó que el juez debió pronunciarse sobre la violación de la libertad de tránsito para lo cual fue presentado el hábeas corpus de los comerciantes, y no en lo que atañe a la libertad de comercio.

“Eso escapa de su jurisdicción. Esa no fue la razón del hábeas corpus”, aseveró. Sin embargo, consideró que quien interpreta de una manera antojadiza el contrato no es el municipio, sino Urbina, al sostener que la donación solo estuvo destinada a la construcción de un mercado.

“La frase interés público del contrato trasciende a la construcción de un mercado, porque también un parque sirve para ese fin. El donante asimismo no le puede restringir al municipio al uso del terreno para una sola actividad, teniendo en cuenta el crecimiento en número de la población y las necesidades que ahora existen en Lima”, dijo.

De la misma manera, el abogado Carlos Rivera consideró que el fallo del magistrado Urbina es una resolución que se desvincula de la naturaleza de un hábeas corpus.

“Es una resolución estrictamente política, que desmonta el proceso de reforma municipal como el traslado del mercado mayorista de La Parada a Santa Anita”, dijo Rivera.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas, expresó su total desacuerdo con el fallo de Urbina, porque “nos hace retroceder en el tema de la seguridad ciudadana”.

PREVARICATO
Otro regidor Edgardo del Pomar consideró que Urbina habría cometido prevaricato al excederse en sus funciones. “Urbina se arroga atribuciones del Tribunal Constitucional sobre actos del gobierno municipal, lo cual significaría prevaricato”, manifestó.

Asimismo calificó como cantinflesco lo dictado por Urbina, quien para sustentar sus argumentos menciona en su fallo las vicisitudes de Sancho Panza, personaje del escritor Miguel de Cervantes Saavedra.

“Es descabellado e hilarante todo el fallo porque se dictamina a nombre de Sancho Panza. Es increíble”, dijo Del Pomar.

El hábeas corpus fue presentado por Ida Ávila Sedano, dirigente de los comerciantes de La Parada que no se trasladaron al mercado de San Anita, contra la alcaldesa Susana Villarán y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra.

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