Quieren desaparecer audios

Para salvar al presidente García, el ex premier Del Castillo y otros personajes del Partido Aprista, advierten. El ex parlamentario Heriberto Benítez alertó ayer que el supuesto enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial, por el acceso a los audios incautados a la empresa Business Track, sería parte de una distracción mientras son desaparecidos los audios que verdaderamente comprometen al presidente Alan García, a su abogado Genaro Vélez y al ex premier Jorge del Castillo, en diálogos con los apristas Alberto Químper, ex ejecutivo de Perupetro, y Rómulo León, ex ministro del primer gobierno de García.

| 09 octubre 2009 12:10 AM | Política | 487 Lecturas
Quieren desaparecer audios
Jueza Ana María Martínez en faena de escucha de audios.

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Ochocientos mil son los archivos (audios, videos, correos electrónicos, imágenes, documentos, etc.) visualizados en el 34º Juzgado Penal de Lima, que despacha la jueza María Martínez hasta el momento, informó la Dirección de Imagen del Poder Judicial, que agregó que en su oportunidad serán remitidos al Ministerio Público “para que actúe de acuerdo a sus atribuciones”.
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Benítez recordó que a la caída del fujimorismo, luego de la publicación del vídeo Kouri-Montesinos y la lucha de los ciudadanos por la democracia, el Partido Aprista, según denuncias, maniobró para que desaparezcan aquellos videos grabados por el ex asesor Vladimiro Montesinos en la famosa salita del SIN, en los que aparecían militantes del Partido Aprista.

“En esa época nadie dijo nada y ahora el APRA espera repetir el plato”, dijo Benítez ante el pedido del premier Javier Velásquez al presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, de que entregue los audios de Business Track para hacerlos públicos y la respuesta de Villa Stein, de que facilitará el trabajo del Congreso.

Agregó que este nudo legal entre los poderes del Estado sólo favorece a la corrupción pues los involucrados en el caso están tratando de cortar el tema con la desaparición de los audios, para favorecer a los citados y otros encumbrados personajes involucrados en actos de corrupción.

“Sólo falta que García abra la boca en este tema porque es el más interesado en que esto no se conozca”, aseguró Benítez.

Por su parte, el miembro de la comisión investigadora de las interceptaciones telefónicas, Cayo Galindo, expresó que la ley es clara al decir que cuando hay conflicto de competencias entre órganos autónomos constitucionalmente reconocidos el que dirime es el Tribunal Constitucional.

“Aquí hay que determinar qué hechos determinan responsabilidad penal y qué hechos determinan responsabilidad política. Los primeros corresponden al Poder Judicial y los segundos al Congreso”, indicó.

Dijo que las cosas están completamente claras y que el premier Javier Velásquez sólo profundiza las diferencias.


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