Pueden inhabilitar a García

Exjefe de Estado, el expremier Chang y el extitular del MEF, Benavides, pueden ser acusados constitucionalmente ahora que los decretos de urgencia 001 y 002 fueron declarados inconstitucionales.

| 25 setiembre 2011 12:09 AM | Política | 4.9k Lecturas
Pueden inhabilitar a García
Los amiguísimos están juntos en todo.
POR LOS DECRETOS DE URGENCIA PROFAENONES 001 Y 002

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PRIMERA PIEDRA

Los congresistas Heriberto Benítez, Yonhy Lescano y Javier Diez Canseco coincidieron en que la comisión para investigar supuestos actos de corrupción cometidos por el gobierno de Alan García, debe conformarse de inmediato y abocarse a investigar presuntas irregularidades, entre ellas las ocurridas a raíz de los decretos de urgencia 001 y 002. “El TC ha puesto la primera piedra para el trabajo de la megacomisión”, remarcaron.

LOS DECRETOS

*Los decretos de urgencia 001 y 002 fueron emitidos el 18 y 21 de enero de este año para facilitar la promoción de la inversión privada en determinados proyectos de inversión, asociaciones público-privadas y concesión de obras públicas de infraestructura y servicios.

*Entre los 33 proyectos están el terminal norte del Callao, el proyecto de islas San Lorenzo y el Frontón, los terminales portuarios de Iquitos, Yurimaguas y San Juan de Marcona, diversas líneas de transmisión de energía eléctrica y la carretera IRSSA centro.

*Lescano señaló, de otro lado, que todos los actos realizados a la luz de los decretos de urgencia quedan nulos.
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El expresidente Alan García y sus principales colaboradores, como el expremier José Antonio Chang y el extitular del Ministerio de Economía Ismael Benavides, podrían ser acusados constitucionalmente y sancionados con una inhabilitación de hasta diez años en el ejercicio de toda función publica ahora que el Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de los decretos de urgencia 001 y 002.

Así lo sostuvo el congresista Heriberto Benítez (Solidaridad Nacional), quien agregó que el Tribunal ha demostrado, jurídica y legalmente, que García, Chang y Benavides cometieron una gravísima infracción a la Constitución.

CORRESPONDE AL CONGRESO
“El exjefe de Estado (García) debe estar muy asustado, sumamente nervioso y extremadamente preocupado ya que, conforme transcurren los días, se van demostrando los atropellos, abusos e infracciones que cometió durante su mandato y una prueba contundente es esta sentencia”, señaló.

Benítez explicó a LA PRIMERA que corresponde al Congreso, en mérito de la sentencia de inconstitucionalidad, tramitar la acusación constitucional y aplicar la sanción que crea conveniente.

“La carta política determina que el Jefe del Estado, en este caso García, debe cumplir y hacerla cumplir; y, en este asunto, hizo lo contrario, por lo que ahora debe asumir su responsabilidad y la prueba irrefutable de aquella infracción es la propia sentencia dictada por el tribunal”, subrayó.

A su vez, el congresista Yonhy Lescano (Alianza Parlamentaria), coincidió con Benítez en su apreciación. “Una vez que tengamos detectadas las obras y viendo cómo se han ejecutado, esto conllevaría a una acusación constitucional para que respondan por los daños ocasionados, tanto los exministros como el expresidente”, indicó.

El legislador demandó, asimismo, un pronunciamiento inmediato tanto de la Contraloría como del Ministerio Público, a fin de establecer si hubo irregularidades tras la dación de los dispositivos jurídicos declarados inconstitucionales por el tribunal.

RESPONSABILIDAD PENAL
Lescano sostuvo que, en caso se compruebe irregularidades o mal uso de los recursos públicos merced a los cuestionados decretos de urgencia, ello podría conllevar a responsabilidad penal en el expresidente García y sus ministros.

“Si se comprueba la sobrevaloración en las obras u otras irregularidades, habría responsabilidad penal y demostraría que se han hecho las cosas con conocimiento de causa a sabiendas de que no podían”, sostuvo.

El legislador destacó que la sentencia del tribunal dejó en claro que los citados decretos de urgencia eran inconstitucionales, pues establecían una serie de medidas para la ejecución de determinados megaproyectos de inversión sin cumplir los requisitos de excepcionalidad, necesidad y transitoriedad que exige la Constitución en este tipo de mecanismos.

Agregó, en esa línea, que el máximo organismo constitucional demostró que no pueden realizarse los diversos megaproyectos, si es que no se cumplen los procedimientos ordinarios establecidos para garantizar el uso de los recursos públicos del Estado.

ACTOS NULOS
Lescano señaló, de otro lado, que todos los actos realizados a la luz de los referidos decretos de urgencia quedan nulos. “Es el caso de la concesión del puerto del Callao cuyo expediente tendría que volver a cero y rectificarse”, agregó.

“El actual Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, tendría que dictar una resolución, dejando sin efecto esas concesiones o los procedimientos administrativos dados, tanto en la entrega del puerto, como en las demás obras contempladas en los decretos de urgencia”, señaló.

En tanto el congresista Javier Diez Canseco (Gana Perú) consideró que con la inconstitucionalidad de los decretos de urgencia los contratos suscritos han sido puestos en cuestión y la nulidad de los mismos cae por su propio peso. “Si se han suscrito contratos éstos son nulos, pues la resolución del TC es inapelable”, anotó.


Helio Ramos
Redacción


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