Protegen a Julio Gagó

Parlamentarios indicaron a diario UNO que la decisión de la mayoría aprofujimorista y de Solidaridad Nacional en la Comisión Permanente del Legislativo de archivar las acusaciones constitucionales contra fiscales, exfiscales, exmiembros del Tribunal Constitucional, y un miembro del CNM, así como el legislador fujimorista Julio Gagó, es una acción que no tiene legitimidad política ni mucho menos legitimidad ética.

| 09 febrero 2015 12:02 PM | Política | 1.1k Lecturas
Protegen a Julio Gagó
Protegen a Julio Gagó
1191

El vocero congresal de Dignidad y Democracia Juan Pari calificó como “sumamente preocupante” que el Congreso tome las cosas muy ligeramente sobre temas de orden constitucional, con medidas de esta naturaleza.

Sí existen elementos que indican que los archivamientos que la subcomisión de acusaciones ha recomendado a la Comisión Permanente carecen de legitimidad política y ética”, subrayó.

Entre las denuncias archivadas figuran la formulada por Alberto Alejandro Rivera Cabrera contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional Ricardo Beaumont Callirgos, Gerardo Eto Cruz y Carlos Mesía, por una supuesta infracción constitucional en relación a una disputa judicial sobre la posesión, por la compañía Cementos Lima, de un terreno comunal que el denunciante señala como propiedad de la Comunidad Campesina de Llanavilla.

Asimismo, la presentada por Jesús Jacob Dávila contra el exfiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales, por una infracción constitucional y el delito contra la administración de justicia, prevaricato, por haber sido declarada infundada una demanda sobre nulidad de acto jurídico de un contrato de comprar venta de un bien inmueble.

Igualmente, otra denuncia constitucional contra Peláez archivada fue la numerada como 178, planteada por el congresista Roberto Angulo Álvarez por el delito de omisión, rehusamiento o retardo de deberes funcionales, por haberse rehusado a abrir investigación preliminar contra el exministro aprista Enrique Cornejo por el presunto incumplimiento del plan de cobertura del primer año de compromiso (2007), establecido en el contrato suscrito entre la empresa Telefónica Móviles S.A. y el Estado, el mismo que causó perjuicio al Perú por casi 100 millones de soles.

De igual modo, la Comisión Permanente envió al archivo, la denuncia constitucional formulada por Pablo Aliaga contra el entonces exfiscal Supremo Carlos Ramos, por los delitos contra la administración de justicia, omisión de denuncia y prevaricato, al haber archivado sendas denuncias penales contra los magistrados que reabrieron una sentencia judicial que ordenaba a la ONP cumplir con reajustar la pensión de jubilación del citado denunciante.

Además la presentada por los legisladores Walter Acha, Emiliano Apaza, Justiniano Apaza, Hugo Carrillo, Hernán de la Torre y José Antonio Urquizo, contra Gagó por infracción constitucional. Ello ante la comprobación de los vínculos existentes entre las empresas Jaaamsa y Copy Depot con el referido legislador, quien –refiere la denuncia archivada- “las utilizó para contratar ilegalmente con el Estado, eludiendo la incompatibilidad legal y beneficiándose ilegalmente”.

ADEMÁS

El legislador Juan Pari dijo, en todo caso, que lo que ha habido allí es un cálculo político para favorecer a los aliados institucionales del aprofujimorismo y los solidarios. “Y, realmente, el Congreso se deslegitima cuando adopta acciones de este tipo”, remarcó.

Javier Soto


¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.


La Primera Digital

La Primera Digital

La Primera Digital

Colaborador 9324 La Primera Digital

0.770323991776