Procesos fraudulentos de reestructuración patrimonial

Para salvar a las empresas en crisis, conservar los puestos de trabajo y cumplir con las obligaciones atrasadas se creó en la década de los 90 el procedimiento de reestructuración patrimonial o procesos concursales.

Por Diario La Primera | 30 set 2011 |    
LA MAFIA SE MOVÍA EN TODO SENTIDO

Tal procedimiento consistía en una declaración previa de insolvencia de la empresa a reestructurar (incapacidad de cumplir con sus pagos) y en la conformación de una junta de acreedores que a la manera de una junta de accionistas, debía aprobar el plan de salvataje y constituir una administración capaz de ejecutarlo.

Antes de este sistema lo que ocurría era que los acreedores impagos se lanzaban sobre la empresa en crisis embargándoles sus bienes y precipitando una liquidación que podía evitarse, en la que todos terminaban perdiendo parte de su patrimonio.

Pero esta institución como muchas otras fue tergiversada bajo el gobierno de Fujimori cuando entraron a jugar articulaciones entre algunos acreedores, funcionarios públicos y diversas mafias del poder de la época.

Un sector de la banca que estaba asociada a la corrupción, Banco Wiese, Banco República, Banco de Comercio, entre otros, en condición de acreedores principales (reales o ficticios), encabezó numerosas juntas e impuso sus condiciones, acompañados de los delegados de entidades públicas como Sunat, EsSalud y otras, con orientación de apoyar a los banqueros. Otros acreedores menores, a su vez, aceptaban las propuestas del grupo más fuerte con tal que se les garantizara la recuperación de su dinero.

Finalmente el Indecopi que era el ente regulador del proceso, estaba infiltrado por gente de la banca que actuaba secundando los planes de los acreedores principales.

La investigación parlamentaria realizada por la Comisión Herrera sobre las irregularidades en el funcionamiento del sistema concursal, establece entre una de sus conclusiones: “En calidad de acreedores, bajo el principio que ‘el acreedor se constituye como dueño’, en algunos casos, los que concentraban un alto porcentaje de acreencias en la Junta de Acreedores, dispusieron arbitrariamente del patrimonio de la insolvente y decidieron liquidarla, a pesar que la empresa presentaba signos claros de viabilidad”. (R.W.)


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