Presidente de Suprema discrepa

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, trató de bajarle el tono ayer al escándalo que provocó el decreto supremo que dejó fuera del Consejo Nacional de Derechos Humanos a Aprodeh y más de 60 organizaciones no gubernamentales, así como a la Iglesia, mientras el presidente de la Corte Suprema. Francisco Távara, discrepó del marginamiento.

Por Diario La Primera | 29 abr 2008 |    

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La ministra ratificó lo expresado por el cuestionado Chinguel, al indicar que las ONG venían actuando supuestamente como juez y parte en los procesos judiciales que enfrenta el Estado.

Fernández sostuvo que los marginados coordinarán con el CNDH, pero cuando se trate de información relacionada a estrategias y políticas del Estado, sus representantes deberán guardar confidencialidad.

Entendidos en el tema dijeron ayer que ello significa que ya no habrá observadores que fiscalicen los avances -o retrocesos- en la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos y sólo se limitarán a firmar acuerdos de cooperación.

Távara consideró que la decisión del Ejecutivo de excluir a las ONG del Consejo Nacional de DDHH, es apresurada y debió tener un mayor debate.

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