Prensa amenazada

Carlos Flores, director y propietario de Radio La Voz de Bagua Grande, demostró ayer que las razones del viceministerio de Comunicaciones para quitarle la licencia de funcionamiento de su emisora no tienen asidero legal y que el cierre de su radio es más bien una represalia por difundir la protesta amazónica.

| 20 junio 2009 12:06 AM | Política | 448 Lecturas
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“Sólo cumplimos con difundir lo que nos informaban nuestros reporteros”, dijo Flores.
Director de Radio La Voz demuestra ilegalidad de clausura de la emisora y persecución de sus periodistas.

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DETALLE

Roberto Pereira, asesor legal de IPYS, presentó un recurso de reconsideración al Ministerio de Transportes. Si no fuera aceptado, la entidad presentará un recurso de amparo basándose en la hipótesis del control de contenidos. Dijo que las declaraciones del premier Simon y la ministra Cabanillas a diversos medios contra la radio, confirmarían la hipótesis.
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La resolución viceministerial que supuestamente fundamenta la suspensión de la licencia es, según Flores, totalmente falsa, pues la radio cumplió con homologar su antena de transmisión y su transmisor, y que la estación funciona en un local con permiso de la municipalidad porque el asignado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (el cerro La Morería Alta) no cuenta con luz eléctrica ni servicios básicos.

Dijo que el cierre de Radio La Voz es una forma de censurar a la prensa y una represalia porque la emisora hizo un amplio despliegue de noticias y testimonios en torno a la protesta de los nativos y los graves sucesos del trágico 5 de junio, así como en los días posteriores.

Se trata, remarcó, de una medida intolerante de persecución. Informó que el miércoles la Procuraduría del Ministerio de Transportes ha formalizado ante la Fiscalía Provincial de Utcubamba una denuncia contra él y todos los reporteros de la radio por los delitos de apología a la subversión, vandalismo y hasta homicidio culposo.

A su vez, Adriana León, responsable del área de libertad de prensa del IPYS, manifestó que el cierre de Radio La Voz es un mal precedente que afecta directamente a la libertad de prensa y expresión.

“No existen razones legales para el cierre de Radio La Voz, creemos que se usó argumentos jurídicos para controlar los contenidos de la emisora”, declaró León.

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