Premier ofrece revisar el decreto vendepatria

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, dijo ayer a LA PRIMERA que evaluará los alcances del decreto supremo 024, luego de que diversos sectores políticos, analistas, juristas y organizaciones sociales manifestaron su rotundo rechazo a dicha norma con que el gobierno otorgó bajo la modalidad de concesión 35 denuncios a la minera china Zijin a menos de 50 kilómetros de la frontera con Ecuador.

| 11 enero 2009 12:01 AM | Política | 387 Lecturas
Premier ofrece revisar el decreto vendepatria
Premier dice que de ninguna manera permitirá que empresa minera genere contaminación.
Yehude Simon afirma que no permitirá que minera china Zijin contamine, comuneros esperan respuesta de gobierno a su pedido de diálogo.

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EL DECRETO

El 27 de diciembre del 2008, el Ministerio de Defensa publicó en el diario oficial ‘El Peruano’ el decreto supremo 024, en el que el Ejecutivo declaró de “necesidad pública” la concesión de 35 denuncios mineros ubicados en la frontera con Ecuador (región Piura) al consorcio minero chino Zijin. El decreto fue suscrito por el presidente Alan García, el premier Yehude Simon, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y el ministro de Relaciones Exteriores, José García Belaunde. Los denuncios están ubicados en los distritos fronterizos de El Carmen de La Frontera (provincia de Huancabamba), Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca). El decreto indica que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio su aprobación mediante un oficio del 19 de diciembre del 2007.
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“El decreto supremo 024 será analizado y evaluado próximamente por el Consejo de Ministros y lo único que puedo adelantar es que no permitiremos, bajo ninguna materia, que haya contaminación en la zona (frontera norte, en el departamento de Piura)”, expresó el premier.

Luego de un acto público en el distrito de Ate Vitarte, en un breve diálogo con este diario, el ministro evitó por otra parte referirse a la denuncia realizada por la Fundación Ecuménica por el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), en el sentido de que el desarrollo de la minera china en la zona norte, frontera con Ecuador, perjudicará directamente al megaproyecto de irrigación y agrícola Olmos en la región Lambayeque, que el premier, cuando era presidente de la mencionada región, defendió de manera decidida.

Esperan diálogo
Mientras tanto, las organizaciones sociales de la macroregión norte (Piura, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas) aún esperan que el gobierno dé alguna muestra de que quieren sentarse a conversar con las organizaciones a fin de solucionar los problemas antes de que la crisis en la zona llegue a la violencia por el rechazo que ha causado el decreto supremo en la zona.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, quien teme se pueda atentar contra los derechos de los comuneros cuando éstos llegaran a protestar contra el decreto 024, dijo ayer a LA PRIMERA que el gobierno debería aceptar, en la brevedad posible, el pedido de las organizaciones sociales de implementar una mesa de diálogo para encontrar una solución pacífica a un inminente conflicto.

“El problema de este tipo de diálogo es que ocurre siempre luego de producidos los hechos. Me parece que negarse o no dar muestras de querer el diálogo es una provocación del gobierno que está atizando más la crisis en la zona norte del país”, refirió.

“Si bien es cierto que la Constitución establece una excepción por necesidad pública (dar concesiones mineras ubicadas en los 50 kilómetros de frontera a empresas extranjeras), nunca es conveniente hacerlo porque siempre hay la posibilidad de conflicto con países vecinos, por lo que la concesión afectaría al control de las fronteras”, refirió el letrado Gamarra.

A su vez, el presidente de la sección peruana de Amnistía Internacional, Jorge Trefogli, sugirió que el gobierno implemente una instancia única de diálogo con las organizaciones sociales para evitar conflictos.

Jorge Trefogli sostuvo que los pueblos originarios nunca son consultados cuando el gobierno otorga concesiones mineras ubicadas en sus tierras. “Es una burla al Convenio 169 de la OIT”, dijo.

“Las instancias de diálogo se han multiplicado. Debería haber un solo organismo, que podría ser el Indepa”, dijo.

Además, Trefogli reveló que hay un proyecto de ley en la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso que busca permitir que las empresas extractivas exploten un lugar sin necesidad de consultar a las comunidades.

Gobierno permite diálogo desigual
El director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo, instó ayer al Ejecutivo a que acepte la mesa de diálogo solicitada por las organizaciones sociales que constituyen el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, y anunció que Aprodeh apoyará la implantación de la mesa de conversación.

“El gobierno permite que exista un diálogo desigual entre las comunidades y las mineras, cuando el Ejecutivo debe estar presente”, refirió.

Jugo calificó de “ilógico” el contenido del decreto supremo 024, y afirmó que para desarrollar una política de “fronteras vivas” no es necesario de que tenga que haber minería en las fronteras del país.

“Es un decreto que no contempla opinión lógica. No sólo hay una limitación constitucional al respecto, sino que los pueblos de Ayabaca y Huancabamba decidieron su modelo de desarrollo en la consulta vecinal de setiembre del 2007. Preocupa la actitud del gobierno de llevar adelante sí o sí el proyecto minero, a pesar de que los alcaldes de la zona están pronunciándose en contra permanentemente “, manifestó.

Además, Jugo expresó su preocupación por la reapertura de la investigación por terrorismo contra 35 dirigentes, ambientalistas y autoridades, quienes fueron acusados por una organización civil financiada por la minera Río Blanco. “Vamos a continuar la defensa de los investigados. Es una respuesta del gobierno para acallar la protesta social”, dijo.

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