Premier conocía fraude y autorizó vender terrenos

Aparecen nuevas revelaciones que dan cuenta que el premier Jorge del Castillo había sido advertido que el terreno de La Molina iba a ser vendido a precio muy por debajo del precio real; sin embargo Del Castillo no hizo nada por evitarlo. Más bien autorizó la venta dolosa, causando pérdidas económicas al Estado que superan los 26 millones de dólares.

Por Diario La Primera | 17 set 2008 |    
Premier conocía fraude y autorizó vender terrenos
Documentos demuestran que Del Castillo sabía de ventas de terrenos y no hizo nada.
Documento revela que Del Castillo fue informado que se estaban subvaluando terrenos del Estado.

Más datos

¿Jóvenes con plata?

Sobre la participación de los Wong, García Belaunde dijo que resulta sospechoso también que Inmobiliaria Tulcea, la empresa que compró el terreno de La Molina a Sinka International, se haya creado con 400 soles de capital social y esté formada por jóvenes de 22 años. Se va a invitar al Congreso a los hermanos Wong, implicados en la transacción.

Del Castillo presidió las sesiones del Consejo Directivo de Proinversión que autorizaron la venta del citado terreno a precio muy por debajo del que rige en el mercado.

En el oficio 8716-2006/SBN, el ex superintendente de Bienes Nacionales, Camilo Carrillo Gómez, informó al entonces director ejecutivo de ProInversión, René Cornejo, algunas observaciones a la pretendida venta del “inmueble ubicado en la avenida Siete número 229-351, Urbanización Rinconada Baja, distrito de La Molina (…)”.

Y, no sólo eso. Inició las coordinaciones del caso con el Ministerio de Economía y Finanzas para dejar sin efecto la Resolución Suprema 491-2001, que disponía la venta del inmueble, por no estar de acuerdo con el precio de 6’ 885,500 dólares fijado por el Consejo Nacional de Tasaciones (Conata), en junio del 2006.

Es decir, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros conocía de esta alerta, porque los funcionarios de ProInversión están en la obligación por ley de informar de un caso tan importe a su jefe.

“La responsabilidad política en estos casos es grave, la Conata es otra de las entidades que hay que investigar. El ministro de Vivienda (Enrique Cornejo) y el primer ministro (Jorge del Castillo), tienen que asumir su responsabilidad política en estos hechos porque es claro que hubo irregularidades”, subrayó Víctor Andrés García Belaunde, miembro de la Comisión Investigadora de la venta de terrenos del Estado, al ser consultado por LA PRIMERA sobre el mencionado documento.

Del mismo modo, dijo el congresista Daniel Abugattás, tendrán que responder por sus actos en esta fraudulenta venta David Lemor, director ejecutivo de ProInversion, y Jorge Villanueva Villarreal, director de la Superintendencia de Bienes Nacionales.

El legislador García Belaunde denunció, el lunes pasado, que los ex superintendentes de la SBN, Aída Amézaga, y Camilo Carrillo, también advirtieron al ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, sobre el precio bajo del terreno de La Molina, esto durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo.

No se salvan
El presidente del grupo investigador de este caso en el Congreso, Isaac Mekler, reveló que nuevos indicios hacen presumir que Del Castillo y Cornejo no podrán escapar a su responsabilidad política en estos hechos, pues sí conocían del bajo precio de los terrenos. “Debieron parar la venta porque sabían que el Estado estaba perdiendo grandes cantidades de dinero y no lo hicieron. Les dieron luz verde”, sostuvo.

Según el legislador García Belaunde, Sinka International (empresa que opera el juego de LA TINKA) solicitó la compra del inmueble a precio base y en forma extemporánea, pues ya se había desestimado la venta.

“Sin embargo, reabrieron el proceso para aceptar una compañía con 1,000 soles de capital social y se lo adjudicaron directamente. Han regalado un edificio de 12 mil 500 metros de construcción, más un terreno de 67 mil metros”, subrayó.

Sobre el caso de Collique, dijo que se ha demostrado que hubo una decisión política para mal baratear el terreno. “Es algo inaceptable, fue donado al Estado para un fin específico y el Estado no honró el compromiso que adquirió”.

“Cambiaron la sede de la subasta para hacerla en forma clandestina, avisando sólo 12 horas antes a los postulantes y a puerta cerrada”, recalcó.

De manera coincidente, Mekler, Raúl Castro y García Belaunde aseguraron que esa venta es ilegal, porque el Estado recibió esa propiedad y toda su infraestructura como una donación con el fin de promover la aviación civil.

Defensoría investiga negociado

La Defensoría del Pueblo acogió la denuncia presentada por representantes de decenas de miles de pobladores de Talara, en Piura, que están a punto de ser desalojados de sus viviendas si se anulan sus títulos de propiedad a pedido de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Hugo León Manco, jefe del Área de Buena Administración de la Defensoría, envió una carta a Jorge Villanueva, el jefe de la Superintendencia, para informarle del inicio de una investigación sobre la grave situación planteada por la pretensión de arrebatar propiedades de las familias que ocupan la ex hacienda Lobitos, en el distrito de Los Órganos, en Talara, área que fue expropiada y luego pasó a pertenecer a la empresa Petroperú, pero que mucha gente ocupa desde hace más de diez años y hasta tienen títulos de propiedad.

En el documento, la Defensoría solicita a la Superintendencia que explique si existe alguna disposición especial para el procedimiento de expropiación por parte de empresas estatales de derecho privado.

Asimismo, le exige que explique los criterios para denunciar a los pobladores, como si fueran traficantes de terrenos. También se pide que precise el número de propietarios en la zona comprendida, detallando contra quiénes se iniciarán procesos penales y si es que se les ha informado de los procedimientos legales en su contra.

La Defensoría advirtió que los terrenos, luego de ser arrebatados, serán rematados públicamente, pero los desalojados serían excluidos de participar en la referida subasta, y si pudieran participar de todas maneras salen perdiendo porque no tienen capacidad adquisitiva para comprar los terrenos perdidos. La Defensoría advirtió que esta situación genera incertidumbre en la población, lo cual puede desencadenar un nuevo conflicto social.

Marco Cáceres
Redacción


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