PPK fue el “artífice” del secuestro del lote 88

El artífice de la inmovilización de las reservas del lote 88 del gas de Camisea, destinadas, por Ley, al consumo interno, a fin de favorecer enteramente la exportación de este recurso energético, y al consorcio Camisea, representado por Hunt Oil, fue Pedro Pablo Kuczynski, exministro de Economía del régimen de Alejandro Toledo, afirmó a LA PRIMERA el presidente del Foro Soberanía Energética, Manuel Dammert.

| 02 abril 2012 12:04 AM | Política | 6.8k Lecturas
CECILIA BLUME SE OPONE A RECUPERACIÓN
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Dammert recordó que durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua se suscribió el contrato de exploración de los yacimientos gasíferos de Camisea por el cual se dispuso que el lote 88 y 56 se destinaban exclusivamente el consumo interno.

Pero al asumir la administración de Alejandro Toledo, su entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, en vez de convocar a un concurso para utilizar el lote 56, lo reserva ilegalmente para exportación, adjudicándolo a la compañía Hunt del consorcio Camisea que él había traído al Perú y con la que trabajaba.

“Sobre esa base, Kuczynski consigue que se construya un ducto que transporte el gas de Camisea a la costa, más precisamente en las inmediaciones del puerto de Pisco, a fin de transportarlo a Chile”, enfatizó.

Incluso agregó que el ministro de Toledo intentó suscribir un convenio con algunos países sudamericanos que denominó anillo energético, a fin de llevar nuestro recurso por la costa peruana al vecino del Sur, lo cual fue archivado y fracasó por la cerrada oposición de la opinión pública nacional, ante tamaño acto de entreguismo. “Ante ello, Kuczynski opta por suscribir un contrato con la transnacional española Repsol, la que -a su vez- tenía un acuerdo para vender gas a la central de electricidad de México. Pero las asociadas Repsol y Hunt Oil se encontraron con una dificultad: las reservas del lote 56, que ya había sido capturado para la exportación, resultaba insuficiente para satisfacer la demanda mexicana”, especificó.

El representante del Foro Soberanía Energética indicó que ante esa situación es que Kuczysnki y los consorcios multinacionales deciden “secuestrar” las reservas del lote 88, y de manera ilegal deciden excluir el uso nacional de los 2,5 trillones de pies cúbicos de este yacimiento, para convertirlo en una “garantía bancaria” de Hunt y Repsol para el hallazgo de nuevos pozos gasíferos.

Por su parte, el analista político Sinesio López calificó como una decisión errónea de la administración de Alejandro Toledo, la enajenación de las reservas del lote 88 -destinadas inicialmente al consumo interno-, para consignarlo en garantía para la explotación de otros yacimientos gasíferos.

Por ello, consideró que la recuperación de la soberanía del lote 88 y la dedicación de sus recursos gasíferos al consumo interno constituye, sin duda alguna, una de las más grandes decisiones y efectivos logros del gobierno de Ollanta Humala.

“Los que integramos el colectivo Ciudadanos por el Cambio, respaldamos esta medida que forma parte del programa de la Gran Transformación, ofrecido por el artido nacionalista al pueblo peruano, en la pasada campaña electoral”, puntualizó.

DERECHA ECONÓMICA SE OPONE
En tanto, ante el anuncio gubernamental de liberar las reservas del lote 88 de Camisea para el uso exclusivo del mercado interno, no se hicieron esperar las voces estridentes de algunos representantes de la derecha económica y sus respectivos grupos lobistas asociados al gran capital transnacional vinculado al negocio energético.

Precisamente, una de ellas fue Cecilia Blume, la ex funcionaria que permaneció por 15 años en el sector público, en importantes puestos claves del sector Economía. Ahora es una consultora empresarial especializada en temas legales y económicos, dueña de su propia empresa denominada C & B Consult, en asociación con Carolina Castilla consultores.

Blume adujo que la inauguración del gasoducto surandino es prematura ya que, a su juicio, “no existe garantía de abastecimiento del gas”.

Y como no podía ser de otra forma, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso García Miró, pidió que “se especifique” la participación estatal en dicho proyecto.

Y en clara alusión a Petroperú, García Miró insinuó que cuando el sector privado entra a invertir con el Estado “hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy transparente, muy preciso y exacto”.

Otro que objetó la construcción del gasoducto surandino es Daniel Saba, ex presidente de Perupetro de la gestión aprista de Alan García, quien se refirió a los supuestos “riesgos” de un proyecto que “tiene la sensación de ser apresurado”.


Javier Soto
Redacción


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