Policías torturadores a la cárcel

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) calificó de triunfo importante en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos, la decisión de la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba (Piura) de acusar penalmente a 14 miembros de la Policía, por el delito contra la humanidad, en la modalidad de tortura, en perjuicio de 28 campesinos de esa jurisdicción.

| 08 mayo 2012 12:05 AM | Política | 2.1k Lecturas
Policías torturadores a la cárcel
Fiscalía abre camino para justicia a favor de campesinos.
Diez años pide fiscalía provincial de Huancabamba para 14 policías por maltratos físicos y psicológicos a campesinos que protestaban contra proyecto minero.
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El Ministerio Público pidió diez años de cárcel para los 14 policías, incluyendo a dos coroneles, así como el pago de diez mil soles como reparación a cada uno de los afectados, que no hicieron otra cosa que defender su derecho a la tierra, a vivir en un medio ambiente sano y sostenible, así como a elegir, legítimamente, su modelo de desarrollo local, según dijo a LA PRIMERA el director ejecutivo de Fedepaz, David Velasco.

“Nosotros creemos que se está haciendo justicia con humildes campesinos que fueron torturados con todo tipo de ventaja por efectivos policiales, oficiales y subalternos, los mismos que contaron con la ‘colaboración’ de civiles contratados por la compañía minera Majaz”, subrayó.

Velasco precisó que los agricultores fueron torturados dentro de las instalaciones del campamento minero, con la anuencia de la empresa y el agravante que esto significa, y con la participación de personal de la empresa de seguridad Forza.

“Resulta indignante que los policías, incluyendo a dos coroneles, aprovechando de su condición de custodios del orden, causasen graves sufrimientos físicos y mentales a estos campesinos para ‘castigarlos’ por su participación en la marcha de sacrificio pacífica realizada por las comunidades campesinas de Piura y Cajamarca afectadas por el desarrollo del proyecto minero Río Blanco en las provincias de Huancabamba y Ayabaca”, enfatizó.

El directivo de Fedepaz insistió también en la impostergable necesidad de mejorar la normatividad de la actividad minera, referido al establecimiento de condiciones adecuadas para obligar realmente a las empresas a respetar los derechos de las personas y, especialmente, de los pueblos indígenas.

Asimismo, en la necesidad de revisar todo el conjunto de normas que criminalizan la libre expresión y la legítima protesta social que, entre otros temas, fue un compromiso asumido por el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 25 de octubre de 2011, durante la Audiencia sobre la política de derechos humanos del nuevo gobierno.

La denuncia de la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba solicita la imposición de diez años de prisión a cada uno de los acusados y el pago de diez mil soles por concepto de reparación civil, a favor de cada uno de los 28 campesinos agraviados.

Igualmente, la acusación en referencia contra los efectivos policiales fue presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Fedepaz, encargándose esta última, además, del patrocinio legal de las víctimas en esta denuncia.

Entre los días 1 y 3 de agosto de 2005, los 28 campesinos fueron detenidos e ilegalmente torturados por efectivos de la Policía, funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A. y de la empresa de seguridad privada Forza.


Javier Soto
Redacción


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