Pleno respaldo a ley antigolpistas

La propuesta legislativa que prepara el Parlamento con el fin de inhabilitar para el ejercicio de todo cargo público a los militares que suscribieron el “acta de sujeción” a la dictadura fujimorista implica una decidida defensa del régimen democrático, aseguró a LA PRIMERA, el director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.

| 22 mayo 2012 12:05 AM | Política | 1.4k Lecturas
Pleno respaldo a ley antigolpistas
Iniciativa va consiguiendo apoyo.
Iniciativa del Congreso para inhabilitar de asumir cargos públicos a oficiales que firmaron “acta de sujeción” tienen amplio apoyo.
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“La iniciativa del Congreso repudia un acto que negaba la esencia misma de la democracia”, subrayó.

Rivera señaló que esta acción de sometimiento colocó a los militares que firmaron este documento en una actitud y una posición de abierto encubrimiento de crímenes que nunca han sido sancionados.

De igual modo, consideró que la propuesta busca sentar un precedente a fin de que las nuevas promociones de militares no vuelvan a repetir estos actos contra la democracia y el prestigio de las propias Fuerzas Armadas.

“Efectivamente, el ánimo es ese. La firma del acta de sujeción fue un hecho vergonzoso y repudiable que nunca más se puede volver a repetir”, anotó al tiempo de indicar que sí corresponde a un régimen democrático establecer los mecanismos formales y legales de rechazo a este tipo de acciones reñidas con la institucionalidad.

“Estoy de acuerdo. Tengo la impresión de que, aunque no se conozca en detalle la relación de todos los firmantes, los casos que hemos podido conocer y que son de amplio dominio público, son de personas que han querido negar este nefasto acontecimiento, a pesar de ser un hecho grave y vergonzoso de sometimiento político de los oficiales de la Fuerzas Armadas”, puntualizó.

La cuestionada “acta de sujeción” fue suscrita, en 1999, por toda la oficialidad de esa época, la cual declaró, de esta forma, su lealtad al autogolpe del cinco de abril de 1992 y a las leyes de amnistía a militares y policías procesados penalmente por violaciones de derechos humanos, durante el conflicto armado interno contra el terrorismo de Sendero Luminoso.

DEBE AMPLIARSE
Rivera manifestó que ese documento tuvo como objetivo encubrir y ayudar a ocultar los delitos perpetrados por la tiranía fujimorista, referidos a los casos de violaciones a los derechos humanos y corrupción de funcionarios, así como a encubrir el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

Por su parte, la responsable del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, manifestó que la sanción inhabilitante que alista el Legislativo para los militares que suscribieron esta acta de sujeción, debe extenderse también a todos los denunciados y sentenciados por actos de corrupción, del gobierno de Alberto Fujimori.

“Ellos saludaron, en esta acta, el autogolpe, e hicieron un pacto para fortalecer la impunidad en favor de los violadores de los derechos humanos. Por ello, nosotros creemos que estas personas no solo no deberían ejercer cargos públicos, sino que el gobierno debe disponer que esta acta no se cumpla, ya que vemos que año a año los principales puntos de la misma se siguen acatando”, advirtió.

En ese contexto, Cano remarcó la importancia de que el Ejecutivo dé a conocer no solo quiénes firmaron esta acta, sino a los que cumplen hasta la fecha las directivas allí estipuladas.


Javier Soto
Redacción


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