Persecución política es para acallar oposición

Con el pretexto de investigaciones del Ministerio Público o con procesos judiciales abiertos, el gobierno del presidente Alan García lleva a cabo una sistemática política de persecución contra sus opositores sociales y políticos. Actualmente alrededor 650 dirigentes enfrentan procesos judiciales por encabezar acciones legítimas de protesta en defensa de sus derechos individuales y colectivos, denuncian organismos de derechos humanos.

Por Diario La Primera | 29 diciembre 2008 |  1k 
Persecución política es para acallar oposición
Dirigentes políticos y sociales que participaron en protestas enfrentan acciones legales.
Más de 600 dirigentes enfrentan procesos judiciales por encabezar protestas legítimas en defensa de sus derechos individuales y colectivos.
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Para la representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, es evidente la intención del gobierno por acallar las voces de oposición, sindicalistas o ambientalistas, con versiones antojadizas mediante una política de criminalización de la protesta.

Esto se suma al proceso abierto en el Segundo Juzgado Supranacional con pedido de detención contra 13 dirigentes políticos y sociales de izquierda bajo el “cargo” de terrorismo internacional, en que también pretenden involucrar al líder nacionalista Ollanta Humala.

Luis Zegarra, presidente del frente de defensa de Madre de Dios, uno de los procesados por el incendio del local del gobierno regional durante el paro nacional, cívico y popular del 9 de julio, enfatizó que “el gobierno recurre a prácticas propias de las peores dictaduras”. Zegarra, quien es enjuiciado junto a otros 32 dirigentes de la Alianza de Federaciones e Indígenas de Madre de Dios, Aidesep y la CGTP, negó cualquier participación en actos violentos, y denunció que lo persiguen por discrepar del gobierno.

Alrededor de 300 pobladores de los distritos del Alto Piura enfrentan los cargos de terrorismo por el solo hecho de proteger su comunidad y su medio ambiente de la minera Río Blanco, ahora vendida a un grupo transnacional chino. Javier Jhancke, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, señaló que la intención de la minera y el gobierno es amedrentarlos, para lo cual no dudan en usar “decretos inconstitucionales” que criminalizan la protesta.

En Cusco, luego de la movilización y la huelga regional en defensa de su patrimonio cultural, 78 personas han sido enjuiciadas, entre ellos Efraín Yépez, presidente del frente de defensa de esa región. Asimismo, otros 22 ciudadanos de la provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, son procesados por el ‘Moqueguazo’. Y también el dirigente del frente de defensa Zenón Cueva encabeza la lista en el juicio por la toma del puente Montalvo, aunque él se encontraba en Lima sentado en la mesa de negociaciones con el entonces premier Jorge del Castillo. Yuber Alarcón, abogado de Aprodeh de Ayacucho, recordó que a consecuencia del paro agrario de febrero la justicia abrió procesos contra dirigentes de los frentes de defensa de Huanta y Ayacucho, como Iber Maraví y el representante de la comunidad de regantes, Teodoro Quispe, acusándolos por el delito de disturbios.

En esta larga lista también se encuentran 54 procesados en Tambogrande, Piura, por defender el medio ambiente, 40 procesados en Tacna por defender el derecho al canon minero, 2 indígenas de la comunidad de Andoas, Loreto, detenidos injustamente por enfrentar a la empresa Pluspetrol y 12 dirigentes de Pichanaki de la Cumbre Amazónica por protestar contra los decretos legislativos lesivos contra la selva.

Además, 16 integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Educación por participar en una huelga general, 23 dirigentes de la comunidad campesina de Oyón, Lima, por demandar mejoras salariales y condiciones de trabajo a la empresa minera Los Quenuales, 50 dirigentes de la comunidad de Santa Ana de Tusi, Cerro de Pasco, procesados por denunciar actos de corrupción en el gobierno central y 12 dirigentes del Frente de Desarrollo y Defensa del Patrimonio de la Provincia de Huarmey, Áncash, por exigir sus derechos a la compañía minera Antamina.

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