Pérez Document quiso salir gracias a DL 1097

Nuevos pedidos de sobreseimiento (archivamiento), amparados en el repudiado Decreto Legislativo 1097, fueron presentados ayer por más ex integrantes del Grupo Colina, escuadrón militar ilegal de aniquilamiento de acusados de terrorismo, que operaba al servicio de la dictadura fujimontesinista.

Por Diario La Primera | 14 set 2010 |    
Pérez Document quiso salir gracias a DL 1097
Pidió ayer que se archive su proceso en el caso de la matanza de La Cantuta.
El general procesado por el caso La Cantuta, también quiere el archivamiento de su caso.

Más datos

MARTIN RIVAS

El jefe operativo del destacamento Colina, Santiago Martin Rivas, presentó la semana pasada un pedido similar. A ellos se suma Pedro Santillán Galdós, también miembro de Colina, quien tuvo la responsabilidad de filmar la detención y muerte de los asesinados en La Cantuta.

El general Luis Pérez Documet pidió el archivamiento del proceso en su contra por la desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, caso emblemático de las violaciones de los derechos humanos por el que está preso el ex presidente Alberto Fujimori.

Por el mismo caso, el general Juan Rivero Lazo anteriormente presentó un recurso argumentando que se ha vencido el plazo de 14 meses de instrucción otorgado por el código de procedimientos penales y por el que el Decreto Legislativo 1097 indica que “debe sobreseer el caso en el estado en que se encuentre”.

Por su parte, el subjefe del Grupo Colina, Carlos Pichilingüe Guevara, también se unió a la lista de militares que piden acogerse a ese decreto, cuestionado por casi todos los sectores políticos y sociales.

El jefe operativo del destacamento Colina, Santiago Martin Rivas, presentó la semana pasada un pedido similar. A ellos se suma Pedro Santillán Galdós, también miembro de Colina, quien tuvo la macabra responsabilidad de filmar la detención y asesinato de los asesinados en La Cantuta.

La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), enfatizó que la norma invocada es inaplicable. “Las víctimas de violaciones de los derechos fundamentales tienen también el derecho a que se investigue y sancione a los responsables. Ellos están amparados por diversos instrumentos internacionales y por la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual sostiene que el Estado peruano debe garantizar la justicia para estos casos. Por ello desde Aprodeh estamos poniendo en conocimiento de la Corte el incumplimiento de su sentencia en estos y otros casos”, finalizó la letrada.


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