Pedido por el Congreso

El ministro de Vivienda, Francis Allison, será citado nuevamente a la comisión que investiga la ilegal interceptación telefónica realizada desde las oficinas de Business Track (BTR) y, de persistir su renuencia a asistir, los congresistas podrán utilizar los apremios que les faculta la ley, indicó el representante Cayo Galindo.

| 20 setiembre 2009 12:09 AM | Política | 378 Lecturas
Pedido por el Congreso
Ahora sí no se escapa. Le esperan las preguntas.
Allison deberá acudir al Congreso para explicar sus vínculos con empresa del chuponeo.

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Cayo Galindo sostiene que Allison, siendo alcalde de Magdalena, “debió abstenerse” de prestar sus servicios a una empresa privada.
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Galindo, quien es miembro de ese grupo de investigación, señaló a LA PRIMERA que Allison tiene mucho que esclarecer, porque sus consultarías a BTR han sembrado muchas dudas. Agregó que el gobierno también debería dar explicaciones sobre la relación de su ministro de Vivienda con la empresa que realizaba interceptaciones telefónicas, en Internet, y en otros medios de comunicación.

Comentó que por lo menos, siendo Allison funcionario público (era alcalde del distrito de Magdalena del Mar) “debió abstenerse” de prestar sus servicios de abogado a cualquier empresa privada.

Es más, dijo el parlamentario, Allison ha señalado que su relación era con el marino (Carlos) Tomasio, quien es uno de los acusados más comprometidos en este caso de chuponeo que puso al descubierto la corrupción en la concesión de los cuatro lotes petroleros a favor de Discover International, cuyo representante era el ex ministro aprista Rómulo León, actualmente preso en el penal San Jorge.

El ministro Francis Allison prestó servicios de asesoría legal a la empresa Business Track, acusada de efectuar espionaje a personajes públicos, por lo menos entre setiembre de 2007 y setiembre del año siguiente.

El 5 de octubre de 2008 estalló el conocido caso de corrupción “Petroaudios” que puso al descubierto la relación de varios empresarios extranjeros con altas autoridades del gobierno, vía el ex ministro aprista Rómulo León Alegría, para conseguir concesiones de obras, lotes petroleros y otros negocios.

En enero de este año, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz anunció la captura del marino Elías Ponce Feijoo y lo responsabilizó de comandar un grupo de interceptadores, bajo la apariencia legal de una empresa dedicada a servicios de vigilancia, limpieza de aparatos de chuponeo, etc.




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