Paralización de Doe Run genera grandes pérdidas

Excongresista Rafael Yamashiro pone en evidencia el trato sesgado dado por el gobierno anterior al caso de Doe Run Perú y cómo la transnacional Cormin-Trafigura quiere adueñarse del Complejo Metalúrgico de La Oroya, para dejarlo inoperativo y así evitar declarar todos los minerales que exporta camuflados de concentrados.

| 28 noviembre 2011 12:11 AM | Política | 2.1k Lecturas
Paralización de Doe Run genera grandes pérdidas
Congresista Rafael Yamashiro se pronuncia sobre el tema minero.
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Vocales apristas de Indecopi deben abstenerse

-Teniendo en cuenta estos antecedentes, a mucha gente le despierta suspicacias que en Indecopi haya funcionarios de connotada filiación aprista que tienen la misión de decidir sobre el caso Doe Run.
-Eso sería lamentable y grave, eso los descalifica para poder emitir una opinión e inclusive consolidaría la posición que se ha mantenido durante todo este tiempo, es decir, no hubo una administración que favorecía la inversión, sino una administración con doble intencionalidad y un discurso poco claro con respecto a la inversión extranjera. Creo que si estos funcionarios tienen filiación aprista deberían recusarse porque en el anterior gobierno sí hubo una posición política, sobre la viabilidad de Doe Run Perú, cuando en realidad ellos querían era reglas de juego claras y que se cumplan.
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-Desde su visión como exintegrante de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, ¿de qué manera el Ministerio de Energía y Minas (MEM) del aprismo hizo inaplicable la Ley PAMA otorgada a Doe Run Perú?
-Bueno, el MEM tergiversó el espíritu de la ley que establecía un plazo de 10 meses para el reinicio de operaciones de Doe Run Perú (DRP) en La Oroya, y 20 meses para el cumplimiento de PAMA (Programa de Manejo y Adecuación Ambiental) y el Ejecutivo dentro de estos dos plazos, estableció plazos parciales que originaron la imposibilidad de cumplir con los requisitos establecidos. Lo cierto es que DRP ha venido cumpliendo un PAMA, de nueve requisitos ha terminado ocho y solamente quedaba pendiente el último que consiste en la Planta de Acido Sulfúrico. Pero fueron estos plazos parciales que obviamente acarrearon una serie de incumplimientos que han dado pie a argumentar que Doe Rrun no cumplía con sus obligaciones. Pero eso no era responsabilidad de DRP, era todo lo contrario, eran requisitos o barreras que ponía el Ejecutivo para que Doe Run no cumpliera, pues eran barreras inalcanzables.

-¿Considera que el gobierno de García habría estado propiciando una expropiación disfrazada?
-Yo creo que sí hubo cosas muy irregulares durante todo este proceso y el espíritu en general era de dividir a la población y por eso se le amplió el plazo pero el MEM y el ministro Clodomiro Sánchez, por el contrario, crearon una pésima imagen de la empresa, tan negativa que, con el Ejecutivo en contra, hacia difícil que una empresa pueda acceder al financiamiento y pueda tener las fuerzas que se requieren para poder sacar adelante un proyecto que había sido afectado por la crisis internacional. Entonces, aquí sí hubo responsabilidad directa de varios ministros que opinaron y se expresaron negativamente de la empresa, cuando lo que tenían que evaluar era la viabilidad de ella.

-¿Pero el expresidente García se pronunció públicamente sobre este tema?
-El Presidente de la Republica se manifestó públicamente en el sentido que la administración tenía que ser asumida por empresarios peruanos

-Es muy cuestionable que el anterior gobierno no haya tenido en cuenta la importancia del Complejo Metalúrgico de La Oroya para el país.
-En primer lugar, es uno de los complejos metalúrgicos polimetalicos de America latina. La actividad de Doe Run implicaba una importante cantidad de recursos tributarios que contribuían al desarrollo del país, darle mayor valor agregado a nuestros recursos mineros, con subproductos que hoy día están siendo desaprovechados y se exportan como si fueran concentrados y eso perjudica a la región Junín que no tiene los recursos por el canon. De esta fundición depende la seguridad laboral de sus trabajadores, el desarrollo económico de una parte de la región Junín y La Oroya, implica el respeto y el cumplimiento de un programa medioambiental que ha ido recuperando espacios y condiciones de vida para la población de La Oroya. Hay niños que tenían niveles de plomo en la sangre y que se han ido recuperando. Yo creo que aquí se trata de que este complejo metalúrgico reinicie sus operaciones para que todo esto vuelva a activarse y el Perú deje de perder recursos y oportunidades para resolver un problema ambiental que tiene medio siglo.

-Con la experiencia de haber tratado el caso Doe Run en el Congreso, ¿considera que esta controversia podría resolverse objetivamente?
-El presidente Ollanta Humala estuvo muy claro, él ha establecido un compromiso para solucionar el problema de La Oroya. Entonces, la voluntad política existe. Ahora hay funcionarios en el Ministerio de Energía y Minas que lógicamente plantearon una posición contraria y que lamentablemente siguen dentro del ministerio y, en tanto sus cambios no se produzcan, seguiremos con la inercia establecida antes.

-¿Qué se debe hacer?
-Esperemos que se hagan correcciones en beneficio de aquellos que dependen del Complejo Metalúrgico. Es más, si dentro del Tribual de Indecopi existen personas con filiación aprista, lamentablemente van a continuar con la intención que tenían durante su gobierno y esto tiene que ser corregido por el presidente Humala, de manera que exista imparcialidad y objetividad y simplemente respeto a la ley para que se pueda solucionar este conflicto.

-Nuestras fuentes nos dicen que antes la plata peruana se procesaba en el CMLO y ahora, abastecemos el mercado local de los mineros informales. ¿No es esto contradictorio?
-Totalmente, creo que lo más importante es tener en cuenta que el negocio central de La Oroya es brindar servicio de refinamiento y fundición y eso se le brinda a los traders, a las empresas como Trafigura que, en este caso, son las que reclaman la administración del CMLO, en este caso sería perjudicial para la empresa y para los propios intereses de los proveedores actuales que quien fije el precio sea aquel que requiere estos servicios.

-¿Entonces, esas serían las verdaderas intenciones que tendría Cormin–Trafigura para adueñarse de La Oroya? ¿Quién perdería?
-En términos macro, perdería el país. No le conviene a los traders que exportan concentrados porque sus matrices en otros países venden los elementos adicionales que tiene ese concentrado y allí tienen una renta, en otro país y no en el Perú. Los que más pierden son el pueblo de Junín y los peruanos, porque con ello se podría cubrir los programas de salud, de los jóvenes, las becas, la Pensión 65, los Wawawasi que tanto quiere el Presidente.

-¿En ese sentido, habría un grave conflicto de interés si el Grupo Cormin-Trafigura se hace cargo de la administración del Complejo Metalúrgico de La Oroya?
-Yo veo dos problemas, el primero está vinculado a que ellos podrían determinar el precio del servicio tanto de recepción como de refinado, y ser ellos mismos los que fijan el precio, lógicamente pueden poner precios que cubran a las justas los costos y con ello dejar la empresa sin recursos para cumplir el PAMA u otras obligaciones que tiene la empresa y eso sería lamentable e incluso haría inviable la operación y entraría la segunda razón, por la cual, no deberían ser ellos quienes administren el complejo y que para mí es la más grave, porque cuando se vende mineral con valor agregado, el nivel de exportaciones se incrementa, y la renta peruana se incrementa.

En cambio, ellos hoy día solo venden concentrado de cobre, pero no declaran el oro, la plata, el cadmio, zinc, entre otros minerales menores, entonces, evidentemente, hay una peligrosa posición en la cual podrían no hacer operar el Complejo para no poner en evidencia las pérdidas que el Perú hoy está teniendo en materia tributaria.


Rocío Vara
Redacción


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