Otro decreto contra las comunidades

El presidente Alan García muestra una clara vocación anticomunera, muy distinta y distante de la que ofreció durante su primer gobierno, observó el doctor Laureano del Castillo, experto en legislación de comunidades campesinas y nativas, quien explicó que el gobierno no sólo ha emitido el Decreto Legislativo 1015, sino que publicó en marzo el inconstitucional y confiscatorio Decreto 994, que afecta también los derechos de propiedad de las comunidades.

| 29 mayo 2008 12:05 AM | Política | 1k Lecturas
Otro decreto contra las comunidades
El gobierno se viene consagrando como el verdadero verdugo de las comunidades campesinas.
Además del D. L. 1015, el gobierno ha promulgado otra ley que también afecta los derechos de las comunidades, advirtió el doctor Laureano del Castillo.

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Alan versus Alan

Del Castillo recordó que durante su primer gobierno, el presidente Alan García consideró a las comunidades campesinas como “la célula básica de la sociedad” y promulgó leyes a su favor, así como instituyó el Instituto de Desarrollo de las Comunidades Campesinas.
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Con la cobertura de promover la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola, el gobierno comete un exceso al “considerar de propiedad del Estado todas las tierras eriazas con aptitud agrícola, salvo que estén tituladas e inscritas en los registros públicos”, apuntó Del Castillo.

Ésta no sólo es “una condición muy difícil de cumplir para las comunidades campesinas y nativas, que además vulnera preceptos del Código Civil, que establece que la inscripción en registros públicos no es obligatoria, sino facultativa”, explicó.

Dijo que esta ley es inconstitucional porque desconoce el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 70º de la Constitución, además de otras leyes nacionales e internacionales. Y es confiscatoria, porque algunas comunidades han pagado por sus tierras, tanto a la Corona Española como al Estado Peruano.

Sobre el D. L. 1015, Del Castillo no sólo señaló que el presidente García hace mal en tratar de equiparar a las comunidades de la sierra y selva, “con una ley que no ha funcionado, ni ha promovido nada”; sino que el decreto criticado se basa en “una seria desinformación”, porque el dispositivo aludido en su artículo único (el artículo 10º de la Ley 26505) fue sustituido por otro en 1997.

Susana Grados Díaz
Redacción


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