Operador de la mafia

Cuando le preguntan por los nuevos audios de la corrupción, la fiscal Echaíz declara que ya está cerca de descubrir a los que pagaron el chuponeo de Rómulo León. Y el juez Barreto informa que no tomará en cuenta las nuevas pruebas porque fueron obtenidas en “forma ilegal”. Estas afirmaciones públicas confirman lo que habíamos sostenido hace apenas unos días: todo el aparato público ha sido enderezado para que sólo exista el delito de interferir en conversaciones privadas de terceros, por más evidencias que esos diálogos grabados brinden de actos contra la ley de parte de altas autoridades del gobierno.

Por Diario La Primera | 31 ene 2009 |    
Operador de la mafia
El hombre fuerte que ejecutaba órdenes de una cúpula corrupta.
¿Seguir la pista abierta por los petroaudios atenta contra la moral pública?, ¿esto impide o debilita el proceso contra el chuponeo? Obviamente, que no.

Echaíz no está detrás de todos los financiadores de una actividad que viene por lo menos desde el 2004 y que tiene una larga lista de afectados. A ella lo único que le interesa es saber quién pagó por los “datos empresariales” de Canaán y Discover y dejar sentado que lo que pasó fue que alguien interfirió un negocio que casi luce lícito y protegible por la acción del Estado. Barreto, por su lado, ha adelantado literalmente su sentencia: si los últimos 82 audios no valen por ilegales, ¿por qué habrían de tener peso de prueba los iniciales que llegaron de la misma forma? La coartada del abogado de León, Roy Gates, ha tomado forma de argumento jurídico por esta vía.

Oficialmente estamos a punto de consagrar que la vieja máxima de que el ladrón que roba a ladrón… tiene cien años de perdón, pasará a ser sustituida por una nueva: chuponeador que escucha a ladrón, va preso (a máxima seguridad), y el otro se convierte en “víctima”.

¿Cuál es la importancia de los nuevos audios? En primer lugar indican que no se habría logrado desarticular la red de inteligencia paralela a pesar de la caída de Bussines Track, Ponce Feijoo y otros, y que hay un comando capaz de tomar decisiones políticas sobre la información que todavía guarda esa red, a la que no le interesa el éxito de la Comisión Abugattás, ni parece creer en fiscales o jueces. Por eso administra los tiempos y los contenidos para lanzar lo que tiene. Hay una segunda conclusión: los chuponeadores no escogieron al azar al ex ministro de pesquería y padre de Lucianita, sino que estuvieron detrás del hombre que conectaba empresas y lobbistas con autoridades y a través de ellas con otros funcionarios (empresas e instituciones públicas, presidentes regionales). Todo el que tenía dinero público para gastar era abordado por Rómulo. Y uno puede creer que los chuponeadores lo pillaron de suerte, o que alguien les informó de sus aventuras en nombre de sus relaciones con el poder.

La tercera, es que las relaciones Alan-Rómulo, son la clave de esta historia. Cada día está más claro que el supuesto distanciamiento entre los dos personajes era fundamental para que la vía a Palacio no luciera tan sencilla y todo el juego consistiera en poder llegar. Esto además se ha convertido en una coartada muy similar a la que se usaba en tiempos belaúundistas: el presidente anda en las nubes y no se entera lo que pasa más abajo; que es también a la que recurre Fujimori en los juicios sobre corrupción y violación de derechos humanos. Es posible suponer también que los propios chuponeadores hayan estado escarbando en sus cintas para evitar comprometer a García, ya que si lo hicieran perderían la última instancia que les queda para una eventual negociación.

Hay una cuarta conclusión y es que los ministros mintieron ante la comisión investigadora y se comportaron como delincuentes que tratan de ocultar sus delitos. Y un quito punto, final, que buena parte de la clase empresarial, intelectual y política, la élite del país, ha sido chuponeada con fines no exactamente “industriales” (competencia), sino como parte de una lucha por ganar influencia en esferas del poder. Eso no lo quieren ver ni la fiscal ni el juez. En realidad no quieren que lo vea y lo entienda el país. De ahí que quieran aparecer como defensores de nuestra privacidad e intimidad y como guardianes de nuestra seguridad, cuando lo que están cuidando son los datos que llevan a echar la luz sobre los oscuros tratos políticos y económicos del poder.

Raúl Wiener
Redacción

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