Norma con nombre propio

En el orden de prioridades del Congreso acaba de aparecer una nueva “urgencia” de Palacio de Gobierno. Se trata del proyecto de ley 03368, o “ley complementaria a la ley general de sistema concursal que crea el procedimiento concursal especial y dicta normas relacionadas a la participación de acreedores vinculados en procedimientos concursales”.

Por Diario La Primera | 11 julio 2009 |  625 
Norma con nombre propio
Es una norma pensada por el gobierno no para favorecer a todos, sino a la empresas elegidas.
En 90 días una empresa podría pasar a manos de acreedores. Propuesta de “procedimiento concursal especial” aceleraría casos de Panamericana y Doe Run.

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Lo más riesgoso es sin embargo que se esté manoseando una ley que ya de por sí era discutible, para seguir haciendo de ella un instrumento del poder central, dentro de estrategias para controlar medios de comunicación o evadir responsabilidades estatales como en el caso de la fundición de Doe Run, donde ha habido una fuerte vacilación para revertir la privatización fallida e intervenir esta importante unidad económica.
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Tamaño nombre quiere decir que el gobierno pretende crear un procedimiento “especial”, que permitiría que en tiempo récord se constituya una nueva administración en las empresas con problemas de cumplimiento de pago a solicitud de un acreedor o un grupo de ellos que alcancen un monto de deuda no pagada durante los 90 días siguientes a su vencimiento, equivalente a 15 mil UIT (53 millones de soles), con el curioso agregado de que también uno o más trabajadores del deudor pueden requerir el procedimiento si logran acreditar la existencia de una deuda de esas características con terceros.

La ley de procedimientos concursales (Ley 27809) asigna al Indecopi como una de sus funciones (originalmente era una entidad de protección de la libre competencia y la propiedad intelectual) la de desarrollar las llamadas reestructuraciones empresariales, consistentes en propiciar un acuerdo entre los propietarios de empresas en crisis de pagos con los acreedores, de manera de reprogramar los vencimientos y generar una administración con la confianza de las partes que pudiese sacar la empresa adelante, salvando los puestos de trabajo y la recuperación de los créditos.

Este sistema modificaba la ley de quiebras y sustraía del Poder Judicial muchas de las tradicionales cobranzas coactivas y los procedimientos de quiebra de empresas. El problema que se planteaba en este caso era la posibilidad de que los procesos de insolvencia se presten para fraudes (inflamiento de deudas, violación del derecho de propiedad, etc.), o que la prelación constitucional de la deuda laboral se debilite frente a los acreedores más fuertes, o que se incurra en dilaciones dolosas. Hay un archivo de casos en los que se ha cometido graves irregularidades.

Y la gran interrogante es si con un mecanismo “especial” acelerado se va asegurar mayores o menores garantías para los involucrados. Lo que se está diciendo en el proyecto es que bastarán tres meses de adeudos, para que un deudor grande, o en su defecto varios asociados, pidan la insolvencia y la entrada de Indecopi. Para el caso de Panamericana, por ejemplo, esto podría equivaler a que el día de mañana la Sunat se presente con esta reclamación por cuenta propia. También asegura el proyecto que si la demanda es iniciada por más de un acreedor, no importan los desistimientos posteriores, para que el proceso siga adelante, aun cuando el monto de acreencia de los que continúan ya no llegue a las 15 mil UIT.

Otra novedad es la entrada de trabajadores de la empresa que, a título individual, no con representación de los otros, puedan reclamar ante Indecopi la insolvencia de su propia empresa por la existencia de deudas de otros que alcancen la suma mínima señalada. La fundamentación en este caso sería que el valor adeudado podría comprometer el futuro de la empresa y su propio empleo. Leyendo la propuesta se puede fácilmente colegir que si no han puesto el nombre de Doe Run es simplemente por un poco de recato. La gran cuestión en todo esto es que el monto de 15 mil UIT no está en relación al patrocinio real de la empresa, ya que se puede ser muy grande o pequeño en relación a esta magnitud de deuda. Y puede darse el caso de deudas de mucho menor magnitud que también amenacen la existencia del negocio, pero no tendrían el “especial” tratamiento.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación
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