Muchos negociados están por esclarecerse

“El ‘faenón’ de Rómulo León, Fortunato Canaán y alguno que otro ministro es, en el fondo, una guerra del petróleo”, afirmó el ex congresista Manuel Dammert, quien asesoró a la comisión congresal que investigó el caso de los petroaudios, que puso en evidencia a una vasta red de corrupción oficialista que alcanzaba altos niveles.

| 26 enero 2009 12:01 AM | Política | 471 Lecturas
Muchos negociados están por esclarecerse
Manuel Dammert analiza los entretelones de la guerra por el petróleo.
Los petroaudios fueron sólo una batalla en la guerra por las reservas de petróleo del Perú, según ex asesor de la comisión de los petroaudios.
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“El petróleo es un recurso escaso y ahora hay una crisis mundial que ha bajado el precio, porque hay una recesión, pero apenas se expanda la economía, estoy seguro que el precio va a subir. Y el Perú tiene reservas reales de petróleo, entonces lo que hay ahora es una pelea para capturar esas reservas, entre empresas de primer nivel y empresas piratas, y esa pelea se hace entrelazada con el poder político. En los últimos años se ha venido dando esa pelea. Todo es irregular, todo es de faenón en faenón”, agregó.

El numeral 2.3.3 del informe en minoría firmado por los congresistas Daniel Abugattás (quien presidió la comisión investigadora) y Edgar Reymundo, señala que “la experiencia de la contratación de lotes petroleros y gasíferos de 1993 a la fecha está marcada por la singularidad, sobre todo en adjudicación directa o por diversos procedimientos en los procesos de contratación, preparados para que se adjudiquen lotes empresas que no calificarían para la actividad”.

Los otros faenones
Dammert enumera a actuales empresas dedicadas a la explotación de petróleo que antes no tenían experiencia en este rubro, como Petrotech Peruana S. A., Graña y Montero Petrolera (GMP), Compañía Consultora de Petróleo, BPZ Energy Inc. y Petrolera Monterrico S.A.

Según el informe, Petrotech Peruana S.A. “brindaba servicio de transporte por barcazas a Belco Petroleum y posteriormente a Petromar”; GMP, antes Graña y Montero Bloker, daba “servicios de perforación de pozos”; la Compañía Consultora de Petróleo tenía experiencia en “servicio de consultoría de geología e ingeniería de petróleo”, mientras que BPZ Energy Inc. era una Empresa de Servicio de Consultoría en actividades de geología, geofísica e ingeniería de petróleo; y Petrolera Monterrico S.A. construía carreteras.

Sobre esas y otras empresas petroleras, la Contraloría ha efectuado importantes actividades de control, indicó Manuel Dammert. Así, el ente de control ha encontrado, entre otras irregularidades, que, de acuerdo a una fórmula establecida, en el lote 88 la empresa Pluspetrol se beneficia extraordinariamente y perjudica al Estado con las variaciones del precio de líquidos de gas natural.

En el lote 56, “la Contraloría descubre serias irregularidades” tanto en la negociación del contrato como al establecer el costo base para determinar el pago de regalías. Las irregularidades comprometen a muchas personas. El informe en minoría del caso Petroaudios, señala como responsables de estas irregularidades a Antonio Cueto Duthurburu, presidente del directorio de Perupetro entre 2001 y 2006, Rodolfo Stumpfle y José Chávez, gerente general y gerente de contratos de la misma empresa estatal, entre otros, tomando como referencia el informe de la Contraloría de la República.

Dammert indicó, de otro lado, que la empresa Repsol obtiene una “utilidad ilegal” al exportar el gas a México, donde lo vende “al precio más alto a nivel mundial”, mientras que lo compra al Perú “con topes ilegales” con incrementos no mayores a un 7%. “Estos topes están prohibidos por ley”. En esta venta a México, Repsol obtiene más de 15 mil millones de dólares de “utilidad ilegal”, enfatizó Dammert.

Pecado original
Respecto al lote Z2B gestionado por Petrotech, en el que también la Contraloría encontró responsabilidad a Antonio Cueto, el ex asesor Dammert dijo que era “parte de un pecado original”. “La Contraloría ha probado que el decreto supremo que aprueba este contrato no se acordó en el Consejo de Ministros, donde sólo se discutió y sancionó la primera parte de la norma concerniente a la delimitación del lote”.

El informe congresal en minoría especificó que “la Contraloría ha corroborado, y los ex ministros Jaime Freundt-Thurne Oyanguren y Dante Córdova Blanco han confirmado ante el órgano de control, que no existe en el acta de dicha sesión del Consejo de Ministros referencia alguna a que en la mencionada reunión de Consejo de Ministros se haya aprobado el Contrato de Operaciones de Exploración y Explotación por Hidrocarburos del lote Z-2B-Zócalo Continental en el Noroeste, región Grau, a que hace referencia el DS N° 044-93-EM publicado el 28 de octubre de 1993”.

Por supuesto, el informe aprobado, presentado por los congresistas Rafael Yamashiro, Carlos Raffo y Miguel Guevara, no toca el grave tema de las irregularidades en las negociaciones y el otorgamiento de los contratos a empresas que no calificaban para hacer exploración y explotación de petróleo, ni los informes de la Contraloría, que son “pruebas preconstituidas”.

¿En qué consistió el faenón?
Según el ex asesor de la Comisión Investigadora de los Petroaudios, Manuel Dammert, el “faenón” consistió en hacer pasar a una empresa que no califica, como si cumpliera con todos los requisitos exigidos para, en este caso puntual, explorar y explotar petróleo y gas.

Según el análisis de los documentos y los testimonios recogidos durante tres meses por la comisión congresal que presidió el congresista Daniel Abugattás, la empresa Discover Petroleum International (DPI) no cumplió los requisitos exigidos formalmente por Perupetro para participar en la licitación convocada y menos para ganar los cinco lotes petroleros otorgados al consorcio que formó con Petroperú.

Según consignan los dos informes, de la mayoría y la minoría, DPI falseó documentación para acreditarse como parte del holding de la empresa noruega Discover Petroleum AS, dedicada a la comercialización y desarrollo de tecnología de exploración de petróleo, con un respaldo financiero de 540 millones de dólares y con experiencia de 30 mil kilómetros de línea sísmica en 3D, indicó Dammert.

Lo que querían Jostein Kjerstad, Fortunato Canaán, Mario Díaz Lugo, Rómulo León y algunos funcionarios del gobierno era explotar un lote con reservas probadas de petróleo, afirmó el ex parlamentario. Con este objetivo, era obvio que necesitaba apoyo del aparato político y es ahí donde entran a tallar los ministros y funcionarios de primer nivel, sostuvo el experimentado asesor.

Susana Grados Díaz
Redacción

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