Mordaza para ONGs

Directivos de dos organizaciones no gubernamentales (ONG) expresaron su disconformidad con el dictamen aprobado ayer por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) facultades para disolver a las ONG que, según el gobierno, “inciten a la violencia”.

Por Diario La Primera | 23 junio 2009 |  488 
Mordaza para ONGs
David Lovatón denuncia que quieren silenciar a las ONG.
APRA impulsa inconstitucional norma para disolver las ONG que presuntamente inciten a la violencia.

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La fiscalización alcanza también a las instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional provenientes del exterior. Asimismo, aquellas que traten temas vinculados con las políticas de Estado y el orden público, tales como el fortalecimiento institucional del Estado, reivindicaciones de carácter social, identidad cultural y movimientos de base.
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La referida norma también faculta a la APCI a fiscalizar el destino que las organizaciones le dan a los ingresos, tanto estatales como privados, que reciben de la cooperación internacional, cosa que actualmente no es una obligación.

Según David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), “esta norma no es más que una mordaza y una represión encubierta contra las ONG por parte del presidente Alan García, quien es el promotor de la inversión privada que genera lucro, pero rechaza la inversión privada que le incomoda”.

“El año 2006 el Tribunal Constitucional (TC) rechazó este tipo de normas cuando hizo una distinción entre la fiscalización al apoyo de origen estatal, que merece fiscalización, del apoyo privado, que no tiene por qué estar bajo investigación. Si el pleno del Congreso aprueba esta norma, la ley será inconstitucional pues su contenido ya lo desaprobó el TC”, apuntó el directivo del IDL.

Para Miguel Jugo, director dela Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el proyecto es parte de una campaña del gobierno destinada a intimidar a las ONG y a coartar la libertad de todo tipo de asociación. “Las organizaciones siempre rinden cuentas de todos sus ingresos y egresos, pese a que no reciben dinero del Estado. Ninguna organización no gubernamental incita a la violencia, eso es algo absurdo que quieren hacer creer el señor Luis Giampietri y los fujimoristas”, aseveró Jugo y remarcó que este proyecto contradice reiterativas opiniones del Tribunal Constitucional. De similar manera opinó Lovatón, “quien genera violencia es el gobierno con sus maniobras intimidatorias y provocadoras, no las ONG”, señaló. El dictamen aprobado será debatido la próxima semana en el pleno del Parlamento y, de ser aprobado, pasará al Ejecutivo para su puesta en vigencia.

Marcelo Puelles
Redacción

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