Ministro y jefe del Inpe deben hablar por protección a León

Ex jefes del Inpe y parlamentarios de la Comisión de Justicia piden que Víctor García Toma y Rubén Rodríguez Rabanal expliquen por qué tiene tantos privilegios el principal acusado del caso “petroaudios”.

Por Diario La Primera | 31 ago 2010 |    
Ministro y jefe del Inpe deben hablar por protección a León
El ministro debe pronunciarse sobre los privilegios de Rómulo León en San Jorge.

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Los privilegios

Un supuesto socio de Rómulo León dijo a este diario que el último jueves fue al penal San Jorge a visitarlo y que León no estaba en su celda. Señaló que los agentes del Inpe dijeron que “el doctor” estaba en una supuesta diligencia, y que de inmediato lo llamaron a su celular, que el reo contestó de inmediato. Dijo que le dio una nueva cita. Por su parte, los empleados le indicaron al visitante que en su próximo ingreso tendrá que dejar un presente para ellos.

No contestan

Tras conocerse la información sobre los presuntos privilegios concedidos al encausado por delitos de corrupción, LA PRIMERA intentó comunicarse sin éxito con el titular del Inpe, Rubén Rodríguez Rabanal, o sus principales voceros, a fin de recabar su versión de los hechos y contrastar la denuncia recibida por nuestro medio.

El ministro de Justicia y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) deberán explicar ante la comisión legislativa de este sector, las razones por las cuales el principal procesado del caso “petroaudios”, Rómulo León Alegría, goza de privilegios en el penal San Jorge, como el uso “exclusivo” de un teléfono portátil (celular).

Así coincidieron en señalar a LA PRIMERA los integrantes de la Comisión de Defensa del Parlamento, Fredy Otárola y Víctor Andrés García Belaunde, quienes adelantaron también que propondrán al Parlamento la aprobación de un proyecto de Ley que anule todo tipo de privilegios y beneficios penitenciarios a los implicados en delitos de corrupción cometidos contra la administración pública.

LA PRIMERA reveló que el pasado jueves, un visitante fue a la cárcel para reunirse con Rómulo León, a fin de hacer negocios con este último; pero no lo encontró en su celda, ya que ese día se encontraba haciendo una supuesta diligencia. Y lo peor fue que agentes del Inpe se comunicaron, vía teléfono celular, con el protagonista del escándalo de los “petroaudios” para reprogramar dicha cita, lo cual configuraría un cuadro de protección y encubrimiento hacia dicho preso, de por sí inaceptable.

Además, con el agravante de que los malos empleados le indicaron al referido visitante que en su próximo ingreso al penal tendría que dejar un presente para ellos.

El miembro de la Comisión de Justicia del Legislativo, Fredy Otárola, informó que la bancada nacionalista planteará a su grupo de trabajo la convocatoria urgente del titular de la cartera de Justicia, Víctor García Toma, y del jefe del Inpe, Rubén Rodríguez Rabanal, para que respondan por la escandalosa permisividad del gobierno hacia su ex compañero de partido.

“En la administración de los asuntos del Estado, la política del gobierno ha sido de puertas abiertas a la corrupción, con un tratamiento bastante concesivo hacia los personajes involucrados en este ilícito, principalmente con los compañeros del partido gobernante, como es el caso específico y emblemático de Rómulo León Alegría”, puntualizó.

Refirió igualmente que con la nueva denuncia contra León queda demostrada la falacia del presidente Alan García y el Apra, de que mantienen una “lucha frontal” contra la corrupción.

“No hay ninguna duda entonces que Rómulo León no disfrutaría de estas ´facilidades´ si no tuviese el aval de las autoridades gubernamentales del más alto nivel que disponen estos privilegios, pasándose por encima de las normas legales y los reglamentos penitenciarios”, advirtió.

Que responda
Por su parte, el representante de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, señaló que tanto el Inpe como el portafolio de Justicia tienen que responder ante el Parlamento por preservar a salvo, en el tiempo, las comodidades y lujos al preso mimado del Partido Aprista.

Al recordar que no es la primera vez que el gobierno de Alan García hace más que acogedora la estadía de León en la cárcel, manifestó que es hora ya de que acabe esta situación irregular y escandalosa.

Asimismo, denunció la existencia de una complicidad sumamente grave entre el Inpe y el Ministerio de Justicia por mantener una serie de privilegios y beneficios a los procesados por delitos de corrupción.

Merecen castigo
En tanto, el ex jefe del Inpe, Wilfredo Pedraza, advirtió que deben ser castigados los agentes penitenciarios que facilitaron el celular a León y que se comunicaron con este último para reprogramar su frustrada cita.

“La posesión de un teléfono celular por el interno de un penal de hecho está prohibida por la Ley. Y esta acción supone una falta administrativa que debe saldarse con una sanción a los responsables de esta irregularidad. El Inpe debe verificar toda la información, materia de la denuncia”, refirió.

En ese sentido, indicó que resulta inconcebible que un interno, como León, goce de privilegios concedidos con la complicidad de las autoridades penitenciarias. “Estos actos irregulares tienen que encontrar responsabilidad directa en los servidores del Inpe que fungieron de ´voceros´ del ex ministro de Pesquería del Apra”, puntualizó.

Alertó asimismo que sería “absolutamente grave” una eventual comprobación de “salidas” no autorizadas de la prisión, por parte del ex funcionario aprista. “Implicaría una grave situación de irregularidad de parte de la autoridad que le permitió ausentarse del recinto carcelario sin la autorización legal correspondiente. En la hipótesis que la información sobre este hecho sea real”, apuntó.

Especificó que un interno sólo puede abandonar la prisión en casos puntualísimos como el cumplimiento de una diligencia judicial, y a un centro sanitario, por una cuestión de salud, así como en el caso del nacimiento de un hijo o fallecimiento de un familiar muy cercano.

A su turno, su ex colega, Rosa Mavila, cuestionó esta nueva permisividad de las autoridades del Inpe hacia al procesado León, al indicar que éstas han incurrido en actos violatorios de las normas de ejecución penal y de la seguridad penitenciaria.

“Ante hecho, se debe individualizar a los autoridades penitenciarias que hicieron las llamadas y oficiaron de operadores telefónicos del protagonista de la corrupción de los petroaudios. Ante la Dirección Regional de Lima del Inpe debe abrirse un proceso administrativo contra los que resulten responsables de este acto ilegal”, detalló.

“Está muy mal. ¿Cómo es posible que los propios agentes del Inpe le consulten u oficien de voceros de un preso sobre sus visitas? Esto configuraría un trato de especialísimo de favor al señor León. El estar en la cárcel no es un premio, sino una privación de la libertad en mérito de la imposición de una pena”, enfatizó.

El arresto
El 7 de julio de 2009 el Poder Judicial ordenó que el único inculpado por el escándalo de los “petroaudios”, Rómulo León Alegría, regresase a su vivienda a cumplir un acogedor “arresto domiciliario”. Sin embargo, debido al escándalo que generó esta acción y la presión de la opinión pública, esta cuestionada decisión jurisdiccional fue revocada el 23 de ese mismo mes y el autoproclamado “amigo” del presidente, Alan García y de todos sus ministros, fue devuelto a su celda en San Jorge, al no cancelar la caución de 200 mil soles que fue impuesta.

Javier Soto
Redacción


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