Ministra de la Mujer asegura que jamás infringió la ley

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, aseguró ayer que no atenta contra ninguna norma legal al ser accionista minoritaria de la empresa Cemento Amazónico S.A.C. y respaldó su posición en el análisis jurídico de su caso realizado por un estudio de abogados, aunque persisten los cuestionamientos por su relación con esa compañía.

| 04 marzo 2014 08:03 AM | Política | 1.4k Lecturas
Ministra de la Mujer asegura que jamás infringió la ley
Omonte niega ilegalidad
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Cumplí con hacerles llegar (al programa televisivo que hizo la denuncia) el informe hecho por un estudio de abogados y entiendo que no lo han mencionado. En este informe, que es el de los especialistas en quienes yo tengo que confiar, se concluye claramente que no hay incompatibilidad ni se está yendo contra las leyes ni contra la Constitución”, aseveró la ministra.

El análisis realizado por el Estudio Benites, Forno & Ugaz está basado en la Constitución, el Reglamento del Congreso y la Ley General de Minería.

Agregó que concluye que no existe infracción alguna en su caso ya que ella no es accionista mayoritaria y la empresa referida “no ha adquirido el derecho minero del Estado”.

El análisis mencionado, fechado el 15 en noviembre del 2013, señala también que “no existe incompatibilidad” entre el desempeño de la ministra como funcionaria del Estado y la posesión del 10% de las acciones de la empresa Cemento Amazónico S.A.C.

Al ser titular del 10% de las acciones de la Sociedad (Cemento Amazónico S.A.C.), la cual es a su vez actual titular de una concesión minera, no se encontraría incursa en causal de incompatibilidad alguna, toda vez que no cuenta con la calidad de accionista mayoritaria en una empresa titular de una concesión del Estado; ni esa empresa ha adquirido derecho minero del Estado”, dice el documento.

LEY DE MINERÍA

Una de las principales aristas de la denuncia contra la ministra es que la Ley General de Minería, vigente desde el 4 junio de 1992, dictamina que los miembros del Poder Legislativo no podrán desarrollar actividades relacionadas a la industria minera mientras ejerzan funciones.

Artículo 31.- No podrán ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones o empleos, el Presidente de la República, los Miembros del Poder Legislativo y el Poder Judicial, los Ministros de Estado y los funcionarios que tengan este rango, el Contralor General, los Procuradores Generales de la República y los funcionarios y empleados del Sector Energía y Minas (…)”, establece la ley.

Sin embargo, el análisis jurídico que respalda a Omonte indica que: “El espíritu de la Ley de Minería no es prohibir per se el ejercicio de la actividad minera por parte de los miembros del Poder Legislativo, sino únicamente que éstos no se valgan de la condición privilegiada que ostentan a efectos de obtener concesiones por parte del Estado que les permitan ejercer dicha actividad, lo cual no ha incurrido en el presente caso”.

El parlamentario aprista Mauricio Mulder cuestionó sin embargo la situación legal de Omonte y el congresista fujimorista Héctor Becerril pidió que el caso de la flamante ministra sea analizado por la Comisión de Ética del Congreso.

Eduardo Santana


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