Mantilla impune “gracias a su compañero Alan García”

Apelan anulación de juicio a ex ministro aprista, que usó argumentos del cuestionado DL 1097. Caso se verá en Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte de Lima y puede llegar al Tribunal Constitucional.

Por Diario La Primera | 09 set 2010 |    
Mantilla es uno de los primeros favorecidos con norma.

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La Procuraduría del Ministerio Público y el fiscal Julio César Cordero Bautista, apelaron la resolución del 35° Juzgado Penal de Lima, que declaró fundado el hábeas corpus presentado por Mantilla. El expediente será elevado a la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte de Lima que, en breve término, se pronunciará al respecto. El caso puede llegar al Tribunal Constitucional.

La decisión del juez suplente Juan Changanaqui de archivar el proceso penal contra el ex ministro aprista Agustín Mantilla y los miembros del comando “Rodrigo Franco” por delitos de lesa humanidad es consecuencia de la expedición del decreto legislativo 1097, ideado por el gobierno de Alan García, afirmaron ayer los juristas Carlos Rivera y Ronald Gamarra.

“Lo que Mantilla logró a través de un hábeas corpus, gracias a su compañero Alan García, es ganar un asunto que ya había perdido”, afirmó el abogado Rivera, tras recordar que en marzo pasado la Sala Penal Nacional rechazó una solicitud de prescripción presentado Mantilla.

En esa ocasión, la sala opinó que el argumento de Mantilla era un “mamarracho” y que los crímenes de los que se le acusaba eran delitos de lesa humanidad, por lo que no se podía declarar la prescripción de acuerdo a los tratados internacionales, apuntó.

Tras calificar la decisión del juez Changanaqui de inconstitucional, Rivera comentó que está ocurriendo lo que el gobierno quería que ocurriese; es decir, que los personajes comprometidos en procesos judiciales interpongan recursos de prescripción, para que jueces amigos absuelvan los pedidos a su favor.

El abogado insistió en que el decreto legislativo 1097, que el gobierno puso “en bandeja de plata” a los violadores de los derechos humanos, se está cumpliendo con el objetivo de cancelar todos los procesos que se encuentran en curso.

El caso Cantoral
“Es evidente que el decreto legislativo alentó a los jueces conservadores que no respetan los derechos básicos de las personas y que van a aplicarlo para lograr la excarcelación de violadores de los derechos humanos”, explicó a su vez Ronald Gamarra.

El jurista recordó que, al declarar la prescripción de los delitos de Mantilla y sus socios, crímenes como el secuestro y asesinato de los dirigentes sindicales Saúl Cantoral y Consuelo García, el juez suplente recoge el espíritu del decreto legislativo 1097, que señala que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad rige a partir del 2003.

De este modo, explicó, se corona la demora procesal de casos como el citado, que proviene de 1989, demora que tuvo el respaldo de gobiernos como los de Alan García y Alberto Fujimori, que frustraron las investigaciones y ampararon a los violadores de los derechos humanos, con el pretexto de la lucha antisubversiva.

Gamarra comentó que luego de muchos años se logró que se abran las investigaciones, pero ahora entramos en franco retroceso debido al DL que inaugura una etapa oscura de la administración de justicia en el país.

Este DL y el ambiente que se creó buscan beneficiar a personajes con nombre y apellido, entre los que se encuentran personajes encumbrados en el actual gobierno, del que el primer beneficiado es Agustín Mantilla, explicó.

Amnistía
Para Avelino Guillén, el principal acusador del ex presidente Fujimori, el DL 1097 constituye en la práctica una ley de amnistía para los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos.

“En su aplicación práctica, el DL 1097 constituye de alguna forma u otra una ley de amnistía. A los que se está favoreciendo es a los procesados por violaciones a los derechos humanos al pretender establecer prescripciones cuando según convenios suscritos por el Perú, éstos hechos son imprescriptibles”, expresó.

“No se puede insultar la memoria de las víctimas de violaciones de derechos humanos con estas normas que en nada contribuyen a tener un clima de paz y armonía que debe tener un país. Esta norma es inconstitucional porque vulnera el principio de igualdad y establece una diferencia entre los civiles y militares, con el objetivo de favorecer a los miembros de las fuerzas del orden que cometieron hechos delictivos”, añadió.

El fiscal supremo adjunto señaló además que dicha normativa paraliza las investigaciones que se vienen realizando sobre nuevos casos por delitos de lesa humanidad revelados por los propios integrantes del Grupo Colina.


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