Maniobras intentan sacar de la cárcel a Fujimori

Dirigentes políticos, activistas de derechos humanos y analistas alertaron sobre posibles maniobras legales ante el Juzgado Supremo de Instrucción, a cargo del magistrado Segundo Morales Parraguez, para otorgarle arresto domiciliario al sentenciado Alberto Fujimori, pese a que este beneficio es legalmente inviable.

| 27 octubre 2013 09:10 AM | Política | 3.4k Lecturas
Maniobras intentan sacar de la cárcel a Fujimori
Maniobras intentan sacar de la cárcel a Fujimori (Img. Comercio)
Denuncian que maniobra lo maneja el mismo Fujimori y advierten que pedido de arresto domiciliario es legalmente inviable.

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Este martes 29 de octubre el Juzgado Supremo de Instrucción, a cargo del magistrado Segundo Morales Parraguez, emitirá su resolución sobre el pedido de la defensa del condenado de la Diroes, Alberto Fujimori, para que se le otorgue el beneficio del arresto domiciliario. El fiscal supremo adjunto en lo contencioso administrativo, Iván Quispe, pidió a Parraguez rechazar la petición, al indicar que no existe normativa en la legislación que permita a una persona condenada afrontar su pena bajo arresto domiciliario.
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El analista político Eduardo Toche manifestó, en diálogo con LA PRIMERA, que la solicitud de arresto domiciliario para Fujimori es un intento de armar una nueva oportunidad política para el fujimorismo, a partir de la libertad del preso para que sea abiertamente el principal operador de su agrupación.

Además, los hijos de Fujimori, Keiko y Kenji, no solamente buscan liberar a su padre, sino también aprovechar la situación judicial de su progenitor para obtener réditos, en el afán de volver a gobernar. Hay que tener presente que tiene aún intenciones políticas y quiere volver a tener a toda costa el poder que ha perdido”, subrayó.

Toche recordó que está debidamente reglamentada la figura del arresto domiciliario y cuándo un juez puede aplicar la medida, que –anotó- no corresponde al caso del expresidente, porque está sentenciado en varios juicios que han sido calificados como impecables.

No es el caso, ya sea por los tipos de delitos por los cuales fue sentenciado o por distintas situaciones de salud o legales que pueda aducir. En ninguna circunstancia califica para acceder al arresto domiciliario”, apuntó.

Tras advertir la manera cómo se está asesorando el expresidente para presentarse en un estado deplorable a fin de causar lástima, el investigador de Desco indicó que lo único que ha logrado el fujimorismo con esto es generar el efecto adverso.

Indicó, sin embargo, que las autoridades pertinentes deben estar alertas para que no ocurran cosas que podemos lamentar.

TODOS LOS CAMINOS

El presidente de la comisión de Fiscalización del Parlamento, Vicente Zeballos, consideró improcedente conceder el arresto domiciliario al exmandatario en razón a que no hay un amparo legal que lo permita.

“Están agotando todos los caminos. El primer escenario fue el del indulto que finalmente no procedió porque el preso no cumplía los requisitos. Ahora están apelando a este mecanismo del arresto domiciliario como una expectativa, la misma que, desde mi perspectiva de abogado, no es procedente porque no hay un marco que lo regule y pueda ampararlo”, puntualizó.

Zeballos explicó que, si bien el Poder Judicial es un ente autónomo para tomar decisiones, debe hacerlo dentro de las leyes.

“Y las leyes no permiten este tipo de arresto domiciliario para las personas que estén en la condición de sentenciado, en la que se encuentra el expresidente Fujimori”, remarcó.

AL MARGEN DE LA LEY

Dijo que si un juez accediese a otorgarle el arresto domiciliario a Fujimori, actuará al margen de la ley y podría incurrir en prevaricato.

“De allí que cualquier juez tiene que pensarlo dos veces. Eso es bastante delicado y hay que estar alertas”, alertó.

El parlamentario precisó que solo se podría sentar un precedente que sea vinculante, como en el caso del Tribunal Constitucional, o jurisprudencia, en el caso del Poder Judicial, en tanto y en cuanto existiesen vacíos normativos.

“Pero en este caso no hay vacíos. Simplemente, las normas no lo permiten. En consecuencia, a lo que tendría que acudirse es a una propuesta normativa. No encuentro otro camino”, subrayó.

Sostuvo incluso que lo expresado anteayer por William Castillo, el abogado de Alberto Fujimori es bastante claro, en el sentido de que no hay argumentos de orden legal para una medida de este tipo.

“Inclusive, su argumentación se ha apegado más a criterios de orden humanitario y menos jurídico”, anotó al indicar que “alrededor de la jurisprudencia nadie puede crear un marco jurídico-legal que es potestad del Parlamento”.

NO ESTÁ CONSIDERADA

El jurista César Valega indicó que el pedido de Fujimori y sus allegados de obtener el arresto domiciliario es otra medida política dirigida por él mismo y su entorno que no tiene posibilidad de éxito alguno.

Valega manifestó que el Estado solo puede actuar cuando tiene una norma que lo autorice.

“No es que haya vacíos. Es que la figura legal del arresto domiciliario no está considerada. Y al no estar considerada no existe. Y al no existir esta clase de figuras, el Estado no puede autorizar el arresto domiciliario de un sentenciado”, especificó.

AFIRMA ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS

La maniobra es del mismo Fujimori

El director ejecutivo de Aprodeh, Francisco Soberón, manifestó que la pretensión de Fujimori de salir de la cárcel de la Diroes mediante el arresto domiciliario, además de inaplicable, forma parte de una de las tantas maniobras políticas a la que está acostumbrado el condenado exgobernante.

“El fujimorismo ha apelado a todo tipo de maniobras, como la de querer presentarlo como una situación de enfermedad terminal. Por ello, no puede pretender acogerse a una libertad que no le corresponde por los graves delitos que ha cometido”, puntualizó.

Soberón advirtió que la intención de liberar a Fujimori está permanentemente presente entre los fujimoristas y sus hijos, aún apelando a argumentos que no tienen consistencia.

“El arresto domiciliario o preventivo es aplicable antes de la emisión de la condena, es para un procesado, es decir, cuando la situación lo amerita hay procesados que deben estar detenidos en su casa mientras llegue la sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. En el caso de Fujimori fue condenatoria y por ello ya no procede el arresto domiciliario a su favor. Fujimori está condenado, no solo por homicidio calificado, sino por secuestro agravado, sin beneficios penitenciarios”, remarcó.

Refirió que por esa razón los abogados que representan a las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, no se han presentado ante el tribunal que preside el magistrado Segundo Morales Parraguez, pues quieren evitar a prestarse a otro “show mediático”.

FAMILIARES DE VÍCTIMAS

Investiguen al juez que dio pase al pedido

Los familiares de las víctimas de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos anunciaron acciones legales contra el juez supremo Segundo Morales Parraguez por haber tramitado el pedido de arresto domiciliario para Alberto Fujimori, pese a que “carece de legalidad”, anunció una de sus representantes.

Gisela Ortiz, familiar de uno de los estudiantes de La Cantuta asesinados por el grupo Colina en 1992, informó de la presentación de una queja contra el referido magistrado ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), porque el juez “se extralimitó en sus funciones”.

“Lo grave es que haya jueces que admitan pedidos absurdos, carentes de legalidad, que deberían ser rechazados, dando una sensación de inseguridad a las víctimas de esa violencia”, enfatizó.

Ortiz agregó también que los familiares informarán a los organismos internacionales sobre este hecho, al recordar que el Estado peruano perdió una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por los casos Barios Altos y La Cantuta, “y hay un fallo que se tiene que cumplir”.

“Periódicamente informamos sobre los avances o retrocesos, que se pueden producir, en el marco del cumplimiento de la sentencia”, especificó.

INDIGNACIÓN

Tras referir que los deudos se encuentran indignados e intranquilos por discutirse la posibilidad de excarcelar al responsable mediato de la desaparición y asesinato de sus seres queridos, recordó que el Código Penal no contempla la aplicación de la figura del arresto domiciliario para condenados con pena efectiva.

Expresó que el magistrado Morales Parraguez estaría vulnerando el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas, que fue resarcido en parte con la condena a 25 años de prisión efectiva contra Fujimori por delitos de lesa humanidad y corrupción.

“Y ahora se pretende nuevamente lograr impunidad. Fujimori debe cumplir su pena en prisión por los delitos cometidos”, remarcó.

Ortiz calificó de lamentable que algunos jueces se presten al juego de la defensa legal de Fujimori y gasten recursos del Estado en discutir recursos “que a todas luces carecen de argumentos jurídicos”.

Javier Soto


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Colaborador 9324 La Primera Digital