Mafia quiere guerra

Los esfuerzos de los fujimoristas, en especial de la suspendida legisladora Martha Chávez, quien ayer continuó despotricando a diestra y siniestra y tratando de presentarse como víctima de persecución política, cayeron en saco roto, pues representantes de casi todas las bancadas restaron importancia a sus acusaciones y reiteraron que en la sanción que le fue aplicada hubo respeto al debido proceso.

| 04 agosto 2011 12:08 AM | Política | 18.3k Lecturas
Mafia quiere guerra
Dicen que se ha violado sus derechos fundamentales y amenaza.
Martha Chávez dice que en el país se instauró una dictadura tras su suspensión en el Congreso. Nueva bancada apoyó a la escandalosa fujimorista.

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DETALLE

Fuerza 2011 respaldó el pedido del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) para que se difunda la grabación de la sesión reservada, y el primer vicepresidente del Congreso, Manuel Merino anunció que en los próximos días se hará pública la sesión para que la opinión pública tenga conocimiento de lo que allí ocurrió.
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La única agrupación que respaldó a Fuerza 2011, fue la recién conformada “Concertación Parlamentaria”, que integran los cuatro congresistas apristas, Luciana León, Elías Rodríguez, Javier Velásquez y Mauricio Mulder, el expectorado por Perú Posible, Carlos Bruce, y el dirigente de Cambio 90, Renzo Reggiardo.

Dictadores
Los nombrados no dudaron en calificar de dictadores a los congresistas que votaron por la suspensión de Chávez –casi todas las bancadas- y dijeron que la sanción sienta supuestamente un precedente nefasto. Incluso, advirtieron que, de repetirse el caso pedirán que la Mesa Directiva sea censurada.

En tanto, Martha Chávez aseguró que se han violado sus “derechos fundamentales”, al ser suspendida por 120 días, sin goce de haber, y cuestionó la forma en que fue sancionada, ya que, según alegó, no existe la figura de “sesión cerrada” en el Reglamento del Congreso.

Con su acostumbrada agresividad, sostuvo que en el Perú se está instaurando una dictadura de corte chavista, solo porque el presidente Ollanta Humala rindió, al jurar el cargo, homenaje a la derogada Constitución del 79 e insistió en que los legisladores y vicepresidentes de la República, Marisol Espinoza y Omar Chehade deben ser acusados constitucionalmente por haber jurado por esa Carta Magna.

Pese a los reclamos de Chávez, su compañera de bancada, Cecilia Chacón insistió en pedir que la sanción sea reconsiderada, mientras que la bancada de Alianza por el Gran Cambio reiteró que la suspensión debió ser solo de 60 días.

Sin botas
Marisol Espinoza no se quedó callada y salió a responder a las afirmaciones de Chávez de que la suspensión es una “declaración de guerra propiciada por la dictadura de las botas y el uniforme del presidente de Venezuela (Hugo Chávez) que es el inspirador del presidente Ollanta Humala”.

“Creo que (Martha Chávez) tendría que ir aprendiendo que ya no está en la década de los 90, con las botas que la protegían y todo el aparato que tenía para decir sus mentiras”, replicó Espinoza, tras señalar que hasta hoy los fujimoristas no son capaces de decir qué artículo de la Constitución vulneró Ollanta Humala al invocar la Constitución del 79.

Por su parte, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, consideró que el pleno aplicó una sanción ejemplar “a la persona que alteró el acto más solemne, que se celebra cada cinco años” y dijo que la medida adoptada mejora la imagen del Congreso.

Negó que el castigo sea una venganza política y, por el contrario, dijo que fue necesaria para sentar un precedente contra aquellos que incurran en comportamientos escandalosos similares. Asimismo, descartó haber tildado de camionera a la representante del fujimorismo.

El segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade restó importancia a la amenaza de Chávez de acusarlo constitucionalmente por juramentar por la Constitución de 1979.

Por su parte, el legislador Heriberto Benítez recordó que durante la sesión privada, al borde del llanto, Chávez pidió la presencia de la prensa para disculparse públicamente por lo prolongado de su protesta, pero luego se dedicó a insultar y amenazar a medio mundo.

A su vez, el congresista Juan Carlos Eguren, de Alianza por el Gran Cambio, le aclaró a Chávez que no es la primera vez que un congresista es sancionado en una sesión privada y rechazó los términos usados por la legisladora fujimorista en contra de quienes aprobaron su castigo.


Vilma Escalante
Redacción

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