Los lazos estrechos de Favre y Montesinos

¡La historia de los empresarios huachanos que formaron una bolsa para pagar los servicios de elementos militares encargados de eliminar a presuntos subversivos, bajo el liderazgo de Julio Fa­vre a fines de los ochenta y co­mienzos de los noventa, ha conmovido a la opinión pública, en momentos en que se impone su nombramiento como presidente del Fondo para la Recons­truc­ción Integral de las Zonas Afec­tadas por los Sismos (Forsur), que se en­cargará de dirigir la in­ter­vención del Estado en la zona afectada por el sismo. LA PRIMERA ha seguido indagando los an­tecedentes del personaje. Aquí­ algunos elementos adicionales.

| 29 agosto 2007 12:08 AM | Política | 778 Lecturas
Los lazos estrechos de Favre y Montesinos
LA PRIMERA revela una sorprendente faceta oculta del empresario pollero Julio Favre.
Arturo Woodman fue el contacto entre el actual zar reconstructor y Vladimiro Montesinos. Ahora lo apoya ante Garcí­a.

Más datos

EL DATO

En octubre de 2000, Julio Favre todaví­a creí­a que el rÉgimen autoritario de Fujimori se justificaba por los daños causados por el gobierno del APRA en los 80 y usaba la expresión de que los peruanos Éramos sobrevivientes de Alan Garcí­a. En el 2002, don Armando Villanueva dijo que Favre era un troglodita porque rechazó públicamente la reposición de los trabajadores despedidos por Telefónica.
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Empresarios fujimoristas
Como la casi totalidad de los empresarios peruanos, don Julio Favre Carranza apoyó decididamente la candidatura de Mario Vargas Llosa en 1990 y su decisión de ponerse directamente al frente de la lucha antisubversiva y quedó convertido en una más de las desconsoladas viudas que produjo el sorprendente triunfo de Alberto Fujimori. No tardó, sin embargo, en reacomodarse a la nueva situación. En 1991, fue propuesto por Arturo Woodman para asumir una nueva responsabilidad referida a la seguridad del gremio y sus dirigentes, frente a las amenazas de Sendero Luminoso, lo que sin duda tení­a que ver con sus precedentes en el norte chico.

Fue Woodman el que lo presentó con Vladimiro, que rápidamente captó que el hombre de los pollos no se iba por las plumas y tení­a una innata habilidad para adaptarse al lenguaje militar. Los que lo recuerdan ese año en las reuniones que preparaban la nueva legislación antiterrorista indican que sus palabras más usadas eran ¡extirparlos!, ¡eliminarlos!, ¡arrasarlos!. Lo que estaba en revisión entonces era ni más ni menos que el borrador del DL. 796, que reorganizaba el servicio de Inteligencia y lo convertí­a en un suprapoder, estableciendo el noví­simo criterio de la contrainteligencia operativa, que implicaba que los encargados de la obtención de información estratÉgica ya no se limita­rí­an a entregarla a sus comandos, sino que tendrí­an la responsabilidad de actuar como un sistema independiente golpeando objetivos del enemigo. El decreto fue frenado en el Senado de la Época y observado, lo que al final se transformarí­a en un pretexto para el golpe de abril de 1992.

Montesinos, sus generales y sus empresarios quedaron con las manos libres para aplicar un sistema que ya habí­a empezado a ejecutarse en los años finales del primer gobierno de Garcí­a, que era el de la destrucción de las es­tructuras no armadas de Sendero Luminoso. Lo mismo que Favre habí­a impulsado en el norte chico. El sistema operativo del SIN eran en realidad equipos de asesinos profesionales que detení­an, interrogaban, torturaban, mataban y desaparecí­an a los dirigentes sociales, profesores, estudiantes y periodistas que consideraban funcionales a la acción senderista. Cientos de personas desaparecieron bajo este sistema.

Licencia para eliminar
La tesis que muchos militares y empresarios han esgrimido pa­ra justificar esta lí­nea de acción fuera de la ley era que si no matabas, ellos te mataban. El general PÉrez Documet fue especialmente enfático en su declaración an­te la Comisión de la Verdad cuando dice que eliminar significa matar y ellos mataban aun al que estaba desarmado o rendido, o sea lo eliminaban.

El proceso de extradición contra Fujimori está basado en los principios de la legislación universal de derechos humanos, que considera no sólo ilegí­timos estos actos sino que los califica como crí­menes de lesa humanidad.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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