Los espías también hacían seguimiento

La organización formada por marinos (en actividad y retiro) y civiles que realizaron interceptaciones telefónicas utilizando como fachada a la empresa Business Track, no sólo se dedicaba al “chuponeo” e interceptaba e-mails; sino también hacían operaciones de seguimiento de personas (entre los que podría haber políticos) y a la extracción de información de discos duros vía Internet, por la que cobraban 30 mil dólares.

| 24 enero 2009 12:01 AM | Política | 672 Lecturas
Los espías también hacían seguimiento
(1) Echaíz confirma que marinos fueron denunciados por delitos de interceptación telefónica en agravio de León. (2) La Fiscalía comprobó que desde esta vivienda, ubicada en el jirón Dante 1252, Surquillo, se “chuponeó” a Rómulo León.
Marinos extraían información de discos duros a pedido.

Más datos

DETALLE

Tarifa ‘chuponeadora’ 

En los documentos encontrados en Business Track y en los domicilios de algunos de los acusados se hallaron registros de los montos cobrados por realizar las interceptaciones telefónicas y otras actividades de espionaje. Las interceptaciones a teléfonos fijos 2,000 dólares, a celulares Movistar $ 10,000, a celulares Claro $ 4,000, interceptaciones de e-mail     $ 2,500 y extracción de discos duros vía Internet  30,000 dólares.
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A esta conclusión habría llegado el fiscal Walter Milla de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada (Fecor), quien ayer denunció penalmente a los implicados en el “chuponeo” que dio origen al escándalo de los “petroaudios”.

La acusación, presentada ante el 15 Juzgado Penal de Lima, que preside Edwin Yalico, aclaró también que el “chuponeo” era un “secreto a voces” y contó con el apoyo de empleados de Cobra, una service de telefonía, que son intensamente buscados por “Orión”, equipo policial de la Dirección Antidrogas (Dirandro).

Según confirmó la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, los marinos Elías Ponce Feijóo, Carlos Tomasio, Martín Fernández, Jesús Ojeda y Jesús Juan Tirado; así como Giselle Giannotti Grados (detenidos) y los empleados de la empresa Cobra, Alberto Salas Cortez y Pablo Martel Espinoza (no habidos), fueron denunciados por delitos de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir, en agravio de Rómulo León Alegría, Alberto Químper, Fortunato Canaán, y otros.

Los acusados fueron trasladados desde la sede de la Dirandro a los calabozos del Ministerio Público. En la tarde, el juez Yalico tomó sus generales de ley y hasta el cierre de esta edición se esperaba que decida si les abría instrucción con mandato de comparecencia o si disponía su confinamiento en los penales San Jorge (a los varones) y en Santa Mónica (a Giselle Giannotti).

Piden más tiempo
Echaíz dijo que la investigación realizada apenas alcanzó el 8 por ciento de todo el material incautado que “ha sido de una dimensión mayor al que suponíamos”. Por tal motivo, el fiscal Milla ha solicitado al juez Yalico autorización judicial por 90 días para seguir con las investigaciones en relación al hallazgo de un paquete de 2 CDs con audios de interceptaciones a Cementos Otorongo, Agroindustrial Laredo SAA, entre otros.

Es por este motivo que Echaíz no descartó que la Fiscalía, luego de evaluar el material, presente una ampliación de la denuncia, dado que podrían aparecer más nombres de personas involucradas.

Sí compraron equipos
La titular del Ministerio Público reveló también que existen documentos que acreditan compra de equipos de interceptación telefónica celular adquiridos en el año 2000 en Washington, Estados Unidos, al parecer por Carlos Tomasio.

A la larga lista de incautaciones se suman dos radios Scanner utilizados para rastrear incluso teléfonos fijos alta frecuencia, 29 CPU, tres laptos, 26 discos duros, 246 disquetes, 672 CD y 25 USB.

Marco Cáceres
Redacción

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