Los candidatos de solidaridad nacional

Solidaridad Nacional exige a los aspirantes a candidatos municipales una declaración jurada de que no tienen sentencias dolosas (fraude contra el Estado), juicios por alimentos o por violencia familiar, ni vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, aunque algunos de sus postulantes que ya están en campaña no cumplen estos requisitos, como los alcaldes de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, y del Rímac, Enrique Peramás.

| 09 junio 2014 01:06 AM | Política | 1.9k Lecturas
Los candidatos de solidaridad nacional
Los candidatos de Castañeda
1917

Si los dirigentes de Solidaridad Nacional fueran un poco rigurosos con su propio reglamento, se habrían dado cuenta que Carlos Burgos tiene serios problemas que resolver con la justicia. En noviembre del 2013, el congresista Yehude Simon presentó ante el Ministerio Público una nueva denuncia penal ampliatoria sobre el caso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por parte del alcalde de San Juan de Lurigancho y sus allegados David Nestares y Jessica Karina Oviedo.

La Primera

BURGOS Y EL HELICÓPTERO

Burgos también es investigado por la compra del helicóptero Robinson R44, adquirido en más de 534 mil dólares, cuando según versión del coronel PNP (r) Darío Hurtado, experto en aeronaves, tal como está equipado, costaría mucho menos.

Lo más grave es que la aeronave se adquirió en forma directa y en el proceso solo se presentó la empresa Abad Air (Heli-Abad), la misma que elaboró, en un primer momento, el informe técnico para su adquisición por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Luego se conoció que la aeronave levantó vuelo sin contar con el permiso de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La 41 Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de la magistrada Elizabeth Figueroa Cortez, denunció a Carlos Burgos por los delitos contra la función jurisdiccional y contra la fe pública al determinar que el alcalde no culminó sus estudios secundarios, quedando al descubierto que hizo “una falsa declaración” de haberlos concluido, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para postular el 2010 a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

En la fundamentación de la denuncia, sostiene que Burgos “usó un documento falso” para postular en el 2006 a la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV).

Los candidatos de Castañeda

(a) Sentencia contra alcalde Peramás (b) Declaración jurada para los candidatos de Solidaridad.

PERAMÁS

El alcalde del Rímac Enrique Peramás tampoco cumple con los requisitos que pide Solidaridad Nacional, pues tiene una sentencia por delito contra la administración pública (peculado) en agravio de la Municipalidad del Rímac y el Estado, cuando era regidor.

Dicha sentencia de dos años de prisión, suspendida por haber cobrado ilícitamente por conceptos de seguridad y movilidad, fue confirmada por la Corte Superior de Justicia de Lima el 16 de julio del 2002.

También fue denunciado ante el 15 Juzgado Penal por omisión de asistencia familiar a su menor hijo J. A. Peramás. Solo cuando estuvo a punto de ir a prisión, Peramás concilió con el juez, lo que está acreditado en el expediente 08208-2002-0-1801-JR-PE-15.

ESTAFA

Tras ser denunciado por estafa por el señor Carlos Alberto Arellano Barragán y ante la imposibilidad de defenderse legalmente debido a las evidencias en su contra, Peramás tuvo que acogerse a la figura del principio de oportunidad, con lo que aceptó que cometió el delito para evitar una condena. Eso está demostrado en el anexo 05 del expediente 04324-2006-1801-JR-PE-39.

Las denuncias y sentencias acreditadas contra estos personajes no han sido consideradas por Castañeda Lossio, quien también tiene pendiente la denuncia por recibir doble ingreso del Estado, como alcalde y como presidente regional. Esta denuncia podría originar una sentencia en su contra y su vacancia, si llegara a ganar las elecciones, según declaró quien fuera su asesor y promotor de la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán, Marco Tulio Gutiérrez.

LO QUE DICE EL JNE

El JNE advirtió que los candidatos que mientan o consignen datos falsos en sus hojas de vida serán excluidos de las listas. Un destino similar tendrán los postulantes que omitan información sobre las sentencias judiciales que les hayan sido impuestas. Incluso, las condenas firmes por delito doloso obligan a la organización política a retirar al candidato.

CANDIDATOS

El 16 de junio vence el plazo para que los partidos presenten sus listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre próximo.

Henry Cotos


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Colaborador 9324 La Primera Digital