Los 10 mil a la Fiscalía

Contraloría debe presentar rápidamente al Ministerio Público los informes sobre más de diez mil funcionarios involucrados en posibles casos de corrupción en la segunda mitad del régimen de Alan García.

| 02 setiembre 2011 12:09 AM | Política | 2.3k Lecturas
Los 10 mil a la Fiscalía
Khoury ahora sí debe investigar bien a García.
CORRUPCIÓN EN TIEMPOS DE GARCÍA

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DETALLE

Fuentes de la Contraloría precisaron que el informe, la segunda parte del gobierno de Alan García, a la que corresponde, coincide con la gestión del contralor Khoury. Aclararon que los informes anuales de los años 2006, 2007 y 2008, correspondieron a la administración de Genaro Matute.
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La Contraloría General de la República debe presentar ante el Ministerio Público, en el más breve plazo posible, los casos de más de diez mil funcionarios involucrados en casos de posible corrupción en la segunda mitad del segundo gobierno de Alan García, demandó a LA PRIMERA el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra.

Me preocuparía si la Contraloría no ha entregado o no está preparándose para entregar, en estos momentos toda esta información (sobre 10,569 mil funcionarios involucrados) al Ministerio Público. Porque cuando la Contraloría culmina su pesquisa, empieza la de la Fiscalía de la Nación”, subrayó.

En ese sentido, especificó que, en el ámbito penal, cuando la Contraloría señala que hay más de dos mil funcionarios públicos que habrían cometido actos de corrupción, es porque se entiende que tiene los informes terminados. “Y cuando esta entidad culmina una acción de control en la que considera que habría indicios de la comisión de una acto delictivo o de corrupción, tiene que remitir toda esa documentación al Ministerio Público”, recordó.

De igual modo, Gamarra solicitó al Contralor General de la República, Fuad Khoury, especificar con mayor detalle los casos de corrupción de mayor impacto por el volumen de los montos sustraídos al erario nacional, a la vez que identificar a las más altas autoridades responsables de este ilícito. En cuanto a los ocho mil 212 servidores denunciados por responsabilidades administrativas, el exdefensor del Estado pidió a la administración Khoury ampliar su información sobre el procedimiento a seguir en estos casos.

Demandó “que se tomen medidas, si se demuestra que, efectivamente, hay una infracción. Entonces, tenemos derecho a saber en qué se ha avanzado en estos procedimientos administrativos, contra quiénes se ha hablado y cuáles son las medidas por las que se ha llegado a esta determinación y que se han dictado contra estos malos funcionarios”, puntualizó.

En su informe anual ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el Contralor General de la República, Fuad Khoury, informó el pasado miércoles que 10,569 funcionarios y administrativos fueron involucrados en presuntos casos de corrupción en el período de enero de 2009 a julio de 2011, correspondiente a la segunda mitad del gobierno de Alan García.

Dijo que los involucrados provienen de organismos de los gobiernos central, regional y municipal, al tiempo de detallar que 2,447 de ellos fueron denunciados por responsabilidades penales y civiles y 8,212 por responsabilidades administrativas. Especificó igualmente que se iniciaron 426 procesos judiciales, como resultado de los 29,405 informes de control practicados a 2,369 entidades públicas.

Explicó además que la Contraloría desarrolla exámenes especiales y una auditoría financiera a EsSalud por la ejecución de obras del Hospital Policlínico Negreiros y Centro Asistencial Virú por S/.44 millones y de los hospitales Nuevo Chiclayo, Hospital I Tumbes y Clínica Geriátrica San Isidro por S/.66 millones.

En declaraciones a una radio local, el contralor Khoury refirió que el trabajo de control y verificación del buen uso de los recursos públicos se realiza “en función de hechos concretos y sin mirar el carné partidario” de los funcionarios.

“Nuestro trabajo de fiscalización no se fija a qué partido político pertenecen los investigados. La Contraloría no politiza su labor; ésta se basa en hechos concretos, en un análisis técnico”, enfatizó. Incidió también en recalcar que las instituciones tienen la obligación legal de implementar su sistema de control interno.


Javier Soto
Redacción


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