Lo que pedimos es justicia

La reapertura del caso de las esterilizaciones forzadas de miles de madres de las zonas rurales y urbanas más deprimidas del Perú, en la década de los 90, representa un acto de justicia, ante la violación de uno de los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la vida, declaró a LA PRIMERA, Cecilia Olea, integrante del directorio del Centro Flora Tristán.

| 25 noviembre 2012 12:11 AM | Política | 3.6k Lecturas
Lo que pedimos es justicia
Mujeres andinas entre las vìctimas.
Señalan representantes de las mujeres peruanas sobre reapertura del caso de esterilizaciones forzadas.
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“La reapertura significa un avance para que puedan establecerse las responsabilidades de una situación que implicó la violación de derechos humanos fundamentales para muchas mujeres afectadas en estos procedimientos ejecutados en contra de su voluntad. Lo que pedimos es justicia”, subrayó.

En ese sentido, Olea refirió que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor de la reapertura de este caso, no solo busca una sanción para los responsables de estas acciones compulsivas contra las mujeres, sino que se proyecta a la reparación del daño físico, psicológico y moral causado a estos grupos humildes y vulnerables de nuestra sociedad.

MINISTRA
La ministra de la Mujer, Ana Jara, indicó que toda injusticia o crimen que haya lesionado los derechos humanos de los ciudadanos, debe ser ejemplarmente castigado. “Toda injusticia, todo crimen que se haya perpetrado en el país y que no haya merecido una sentencia judicial sancionadora porque lesionan los derechos humanos (…), debe recibir una sanción ejemplar”, dijo.

La vicepresidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, Natalie Condori, dijo a este diario que el plan de esterilizaciones forzadas de la dictadura de Alberto Fujimori fue aplicado bajo el falso paraguas de la planificación familiar, engañando a las madres del país y, como consecuencia de estos ilícitos actos, se han quebrado miles de familias y destrozado la salud y las honras de las mujeres. Dijo que es urgente que haya justicia para las víctimas.

Condori coincidió con Olea en que las esterilizaciones masivas aplicadas a las mujeres peruanas, especialmente andinas, fue un atentado brutal a sus más elementales derechos humanos con métodos internacionalmente rechazados por naciones civilizadas.

“Imagínese. Una mujer que acudía a un centro de salud y que luego, sin saberlo, la estaban esterilizando de manera forzada. Eso es un delito. Por eso es que se está reabriendo este caso”, puntualizó.

Expresó que esos hechos no pueden quedar impunes, como lo han sido en los últimos quince años, con el consiguiente perjuicio moral y material para los deudos de las víctimas y las madres sobrevivientes.

Por su parte, el abogado Carlos Rivera ratificó que las esterilizaciones forzadas, desarrolladas durante la segunda fase del gobierno fujimorista, han sido catalogadas por la jurisprudencia internacional como crímenes de lesa humanidad, por lo que -dijo- el caso no puede ser archivado por la justicia nacional.

DESAFUERO
Rivera estimó igualmente que el actual congresista Alejandro Aguinaga, exministro de Salud en el tiempo en que ocurrieron estas lamentables acciones, podría ser pasible del desafuero, en caso que la justicia determinase, posteriormente, su responsabilidad directa en estos hechos que causó la muerte de muchas mujeres peruanas.

Explicó que el proceso que condujo a la reapertura del caso, tras el archivo irregular del mismo efectuado por la propia Fiscalía de la Nación, se inició hace más de un año, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hiciera una recomendación al Estado peruano para que lo reabriera, en razón de que las esterilizaciones forzosas son crímenes de lesa humanidad.

En atención a ello, el Fiscal de la Nación, José Peláez, dictó una resolución que dispuso, en noviembre del año pasado, la reapertura del caso. Sin embargo, los exministros Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer apelaron a una serie de argucias legales con las que consiguieron paralizar, en un año exacto, el procedimiento fiscal.

LOS DELITOS
Rivera especificó que los delitos por los que se investiga a los exministros fujimoristas incluyen los de coacción, lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte. Respecto a la alegación del archivamiento previo de este asunto, hecha por Aguinaga, el representante de IDL recordó la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional que da cuenta que no constituye cosa juzgada la decisión del Ministerio Público por la cual archiva una investigación de carácter penal.

De igual modo, dijo que en el curso de la primera investigación realizada, se determinó que las esterilizaciones forzosas no fueron hechos individuales aislados, sino una política gubernamental. “Estamos ante hechos que, ahora, la Fiscalía los califica como crímenes de lesa humanidad”, enfatizó.

En otro momento, Rivera detalló que son aproximadamente mil 500 mujeres las que aparecen comprendidas en el proceso judicial, en su condición de directamente agraviadas, las mismas que, anotó, ya han declarado sobre estos crímenes perpetrados por el régimen fujimorista.

300 MIL VÍCTIMAS
Según investigaciones periodísticas, hubo 17 víctimas mortales en 300 mil operaciones quirúrgicas practicadas como parte del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Fujimori, que era en realidad un plan para esterilizar a mujeres pobres de manera inconsulta.

El estudio para la Defensa de los derechos de la Mujer (DEMUS) indicó que en los fundamentos del Informe N° 10-2011-FSPNC-MP-FN1, y en el cuerpo de la citada decisión fiscal, el mismo Ministerio Público ha referido que el caso de María Mamérita Mestanza Chávez y las esterilizaciones forzadas constituyeron violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, agregó Rivera, deben aplicarse las normas de los tratados internacionales de los que el Perú es parte y está obligado a su cumplimiento, como los referentes a los delitos de lesa humanidad.

AGUINAGA PATALEA
El congresista y exministro de Salud del gobierno de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, consideró que la reapertura, por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima del caso de esterilizaciones forzadas, “viola principios constitucionales”, porque “fue archivado” en su momento.

“Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo caso. Esto no tiene fundamento, el caso ya ha sido archivado (...) Se ha violentado el plazo razonable, ¿es normal que después de diez años de investigación y archivamiento (sic) se reabra el caso?”, dijo, pese a que nunca fue juzgado y a que hay un dictamen del Tribunal Constitucional que indica que el archivamiento del caso no constituye cosa juzgada.


Javier Soto
Redacción


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