Lo inhabilitarían por cinco años

La congresista Ana María Solórzano informó a LA PRIMERA que, junto al parlamentario Teófilo Gamarra, pedirá cinco años de inhabilitación para el exministro aprista de Energía y Minas Pedro Sánchez por haberlo encontrado responsable de dos denuncias en su contra, según un informe realizado por ambos miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

| 21 mayo 2012 12:05 AM | Política | 1.8k Lecturas
Lo inhabilitarían por cinco años
Sánchez no podría ocupar ningún cargo público.
Dos congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo encuentran responsable en 2 denuncias. Hoy se verá el caso.

Más datos

HOY

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verá hoy la votación del informe por la concesión del Lote 88 y la firma del acta con Shougang que implican al exministro Pedro Sánchez y la audiencia por la denuncia constitucional contra Rosario Fernández.
1875

Sánchez fue denunciado por la bancada nacionalista en junio de 2010 por dictar una resolución que dejó sin efecto un decreto de urgencia vinculado al consumo de gas natural; y, en otro caso, por haber suscrito un acta de entendimiento con Shougang Hierro Perú para la utilización de un área concesionada en San Juan de Marcona (Ica) para destinarla al desarrollo petroquímico.

“Hemos encontrado responsable a Pedro Sánchez y pedimos la inhabilitación por cinco años. Mañana (hoy) se votará el informe sobre la denuncia. El exministro no acudirá porque ya concluyó su auditoría”, dijo la parlamentaria a este diario.

ROSARIO FERNÁNDEZ
Rosario Fernández, exministra de Justicia durante el gobierno de Alan García, fue citada hoy ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para explicar las denuncias en su contra cuando estuvo a cargo de esa cartera.

Según explicó Solórzano, la extitular de Justicia fue denunciada en octubre de 2008 por 257 trabajadores del Congreso, cesados en sus labores a raíz del autogolpe del 5 de abril, por no haber cumplido con indemnizarlos con 20 mil dólares a cada uno, tal y como lo dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de ese año.

Los exempleados del Congreso, que debieron recibir 15 mil dólares por daño moral y 5 mil dólares por concepto de gastos judiciales, la denunciaron por “comisión de delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad y omisión de actos funcionales”.

“La Ley 27775 (que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales) establece que el Ministerio de Justicia es el encargado de ejecutar la sentencias supranacionales pero la denunciada no cumplió con lo dispuesto, por eso los trabajadores la demandaron ante el 28 Juzgado Civil”, dijo la parlamentaria.


Marita Samanez
Redacción


¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.


...
Diario La Primera

Diario La Primera

La Primera Digital

Colaborador 1937 LPD