León sigue en la jaula

El ex ministro aprista Rómulo León no pudo abandonar el Penal de Reos Primarios de Lima, ex San Jorge, y espera ser trasladado hoy por la Policía a la vivienda de su hijo, en San Isidro, según confirmó anoche su abogado Eduardo Roy Gates.

Por Diario La Primera | 07 jul 2009 |    
León sigue en la jaula
Rómulo León.
Anoche su abogado culminó el trámite para excarcelación y dejó traslado a su domicilio en manos de la Policía.

Explicó que el Inpe había culminado los trámites para la excarcelación y su cliente sólo esperaba que la Policía lo traslade desde el penal, donde está recluido desde hace casi ocho meses por haber encabezado una organización dedicada a realizar gestiones ilícitas a favor de intereses privados, mediante contactos con altas esferas del poder, caso conocido como petroaudios.

La inusual celeridad con la que la Tercera Sala Penal Anticorrupción otorgó el beneficio del arresto domiciliario a León, contrasta con la desidia del Poder Judicial para abrir un CPU incautado al ex ministro aprista, prófugo de la justicia tras el estallido del escándalo por la difusión de grabaciones de conversaciones telefónicas en las que hablaba con miembros de su red sobre las gestiones realizadas.

Después de ocho meses de juicio, según comentó el fiscal Avelino Guillén, ni siquiera hay una lista de lo que contiene ese CPU, cuyo contenido comprometería seriamente a León y varios personajes del gobierno.

La decisión de variar la detención definitiva por el arresto domiciliario, sin que haya elementos de juicio nuevos para que la Sala cambie de opinión, es duramente criticada por juristas y magistrados y el abogado del Estado presentó un recurso solicitando la nulidad.

Al presentar el recurso, el procurador Jorge Luis Caldas denunció que los vocales de la citada Sala trabajaron con una celeridad nunca antes vista, emitiendo entre gallos y medianoche su controversial fallo.

Mientras tanto la OCMA dispuso que la Unidad de Investigación Anticorrupción a cargo del juez superior Hernán Layme, se encargue de las pesquisas para determinar la responsabilidad de los cuestionados vocales superiores Manuel Carranza, ligado al APRA y nombrado juez por el presidente Alan García en su primer gobierno, y Carlos Manrique, miembros de la Tercera Sala Penal Especial que preside el vocal Iván Sequeiros.


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