La verdad de la milanesa

El Informe de Contraloría que acusa al exalcalde Ricardo Belmont y otros 35 políticos, entre ellos la exregidora y actual ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, por supuestas irregularidades en la compra de productos para el programa del Vaso de Leche en 1994, estaría invalidado de acuerdo a la doctrina jurídica.

| 14 octubre 2011 12:10 AM | Política | 3.7k Lecturas
La verdad de la milanesa
En la Contraloría en tiempos de Fujimori se germinó caso que ahora resucitan para dañar a la ministra de la Mujer.
El juicio a Aída García Naranjo se basa en un informe inválido de la Contraloría, de plena época en que el fujimorismo la usaba para vengarse de los opositores.
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La nulidad de ese informe se debe a que quien lo sustenta está en la situación de prófugo por numerosos delitos y no reúne los requisitos más elementales para hacer una denuncia contra terceros.

Quien hizo el informe es Víctor Enrique Caso Lay, contralor fujimorista entre 1993 y 2000 e instrumento de diversas acciones de persecución a adversarios políticos del gobierno, entre ellos el alcalde Belmont, que dirigió el Municipio de Lima en los períodos 1990-1993, y 1993-1995.

Caso Lay reemplazó a María Herminia Drago, quien asumió la Contraloría después del golpe de Estado de 1992. En diciembre de ese año, aún en plena dictadura, se dictó el Decreto Legislativo 26162, Ley del Sistema de Control, con el que supuestamente se iniciaría una acción moralizadora en el aparato del Estado.

El decreto incluyó dentro de las atribuciones del sistema (artículo 16) el siguiente inciso clave: “f) considerar que los informes y/o dictámenes resultado de una acción de control emitidos por cualquier órgano del Sistema constituyen prueba pre-constituida para la iniciación de las acciones administrativas y/o legales a que hubiera lugar”.

La interpretación de esta norma fue que la Contraloría podía intervenir en cualquier entidad sin expresión de motivo y hurgar en toda la documentación institucional hasta encontrar una razón para encausar a sus responsables, y que el informe que emitiera después debería ser tomado obligatoriamente como prueba por fiscales y jueces.

Así llegaron treinta auditores de Caso Lay a la Municipalidad de Lima, cuando las relaciones entre el “chino” Fujimori y el “hermanón” Belmont se tensaron, y se quedaron varios meses, hasta encontrar una aparente irregularidad en la selección de los proveedores de leche en el año 1994.

A pesar de que las compras se habían hecho dentro de un plan de emergencia, las descalificaron por saltarse procedimientos.

De esta manera en el Informe Especial Nº 145-95-CG/SLC, Caso Lay acusa por corrupción a Belmont Cassinelli, alcalde de Lima; a Iván Dibós, teniente alcalde; a Enrique Labarthe, director Municipal, y a numerosas personas, entre las cuales no estaba la exregidora García Naranjo.

Un nuevo informe, también firmado por Caso Lay, incorporó poco tiempo después a Aída García Naranjo. Sale claro que el régimen podía digitar a quién “fiscalizaba” y acusaba, y con quiénes se hacía de la vista gorda.

Al huir del país, Víctor Caso Lay dejó más de 600 informes archivados en los que no quiso acusar, porque las órdenes eran esas. En cambio le metió 60 auditores a Castañeda en el IPSS cuando se peleó con el presidente y éste lo persiguió para hacerle daño.

Cuentan, funcionarios de la época, que el contralor reunía a sus auditores en el Hotel Riviera para prepararlos y alentarlos en sus intervenciones digitadas.

Un especialista en el tema opinó para LA PRIMERA que la calidad del informe que está sirviendo al Fiscal Superior José Timarchi, que acusa a García Naranjo y otros, es equivalente al testimonio de una persona fuera de la ley y carece del valor técnico que pretende otorgársele.

“¿Cómo se puede validar la investigación de un corrupto sobre un asunto de presunta corrupción? Lo mínimo que debería hacerse es devolver el Informe a Contraloría para su revisión”, apuntó.


Raúl Wiener
Unidad Investigación


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