La politización de una sentencia judicial

La sentencia emitida por el juez del 56 Juzgado Penal de Lima, Malzon Urbina, ha traído una discusión entre tirios y troyanos, cuyas motivaciones de análisis son evidentemente políticas, dando razones de graves errores en su fundamentación; sin embargo, lo que es notorio es que quienes opinan sobre la discutida sentencia no son abogados ni conocen la naturaleza de una acción de garantía constitucional como es el hábeas corpus, pues si la conocieran no habrían opinado como lo han hecho.

| 06 abril 2013 12:04 AM | Política | 2.1k Lecturas
La politización de una sentencia judicial

Más datos

Los que no saben esto, interpretan la sentencia como un acto desmedido del juez, que presuntamente oculta actos de corrupción, habiéndose llegado a especular sobre la entrega de dinero a este juez por parte de los comerciantes favorecidos con la sentencia. Quienes conocen por su desempeño judicial al juez Urbina saben que esto no es verdad.
2169

El hábeas corpus es una acción de garantía constitucional consagrada en la Constitución Política del Perú y regulada por el Código Procesal Constitucional, por medio de la cual un ciudadano puede invocar vulneración y/o amenaza de sus derechos a la libertad individual o derechos conexos a esta, reconocidos a su vez por la propia Constitución.

Debido a que la naturaleza de los hechos vulneratorios de los derechos fundamentales pueden ser distintos y ocasionar la interposición de diferentes acciones de garantía constitucional, como por ejemplo la acción de amparo, mediante la cual se puede invocar la vulneración y/o amenaza del resto de derechos fundamentales y otros consagrados en la Constitución, el Código Procesal Constitucional ha establecido en sus artículos III y VII, que corresponde al juez la responsabilidad de adecuar la tramitación, fundamentación legal y resolución de la demanda conforme a ley, aun cuando los demandantes hayan incurrido en error en su postulación.

El que desconoce esto, puede creer que el juez Urbina se ha excedido en sus facultades como juez penal, al resolver una demanda de hábeas corpus, pronunciándose en la parte considerativa de su sentencia, sobre el resto de hechos que constituyen actos vulneratorios a los derechos fundamentales no comprendidos en la tramitación de esta acción de garantía constitucional; sin embargo, es obvio que no podía dejar de analizar el contexto normativo aplicable a los hechos materia del hábeas corpus, porque hubiera en los mismos hechos otros derechos vulnerados enmarcados en el ámbito de una acción de amparo, porque la ley le obligaba a no dejar de administrar justicia en lo que era materia discutida en el hábeas corpus.

La negación de una sentencia judicial por parte de las autoridades llamadas a hacerla cumplir es por demás preocupante, pues habríamos retrocedido al tiempo en que el Poder Ejecutivo, era a la vez el Legislativo y el Judicial. La negativa de las fuerzas del orden de acatar un mandato judicial nos deja a los ciudadanos en la indefensión absoluta frente a la imposición del poder público.

El sistema de garantías constitucionales, que tanto esfuerzo nos llevó crear y desarrollar en las últimas décadas para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, se constituyó con el objeto de evitar que el ejercicio del poder lesione estos derechos quedando impune, buscando que los peruanos seamos cada vez más ciudadanos y nuestro Estado cada vez más humano y respetuoso de los derechos de todos.

Sentimos que esa filosofía y el sistema logrado están en riesgo, por cuanto si la autoridad pública no está conforme con una sentencia judicial podría decidir no cumplirla, y por otro lado destruir la imagen del juez que la emitió, provocando indebidamente su separación de la función judicial, es decir, el sistema perfecto para someter el Poder Judicial al poder político.

Imagino que no quedarán más jueces con deseos de atreverse a administrar justicia en casos en que vayan en contra de los intereses de alguna autoridad pública, pues podrían correr la misma suerte que el juez Urbina.

El juez Urbina no resolvió en su sentencia si estaba bien o mal que los comerciantes de La Parada se vayan o no a Santa Anita, tampoco resolvió qué debía haber en el terreno donde estaba dicho mercado, solo analizó en la parte considerativa de la sentencia, lo que ha sido parte de la fundamentación de los demandantes en su recurso de hábeas corpus, es decir, hizo lo que le manda la ley.

La sentencia Urbina declara fundada una acción de hábeas corpus por vulneración a derechos individuales que protege esta acción de garantía constitucional, y si dispone que los comerciantes vuelvan al mercado de La Parada, no es porque le parezca al juez que esto es mejor o peor, sino porque eso es lo que manda el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, que declarada fundada una acción de garantía, se deben reponer las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos fundamentales.

Los que no saben esto, interpretan la sentencia como un acto desmedido del juez, que presuntamente oculta actos de corrupción, habiéndose llegado a especular sobre la entrega de dinero a este juez por parte de los comerciantes favorecidos con la sentencia. Quienes conocen por su desempeño judicial al juez Urbina saben que esto no es verdad, y que él es uno de los pocos jueces que por su valentía se atreverían a hacer lo que ha hecho con esa sentencia, decirle al poder público que no está exceptuado de seguir los procedimientos de ley.

Los que vimos el procedimiento seguido por la Municipalidad de Lima en los hechos producidos en La Parada para obligar a los comerciantes a trasladarse a Santa Anita, advertimos la vulneración de los derechos de estas personas a ser notificados por un juez, previo debido proceso, de que debían desalojar el lugar que ocupaban en el mercado de La Parada, vimos cómo se hicieron una serie de actos de demostración de fuerza pública a fin de conminarlos a salir y trasladarse a Santa Anita. Nos llamó entonces la atención que los comerciantes no tuvieran ningún abogado que los hubiera asesorado para interponer una demanda de hábeas corpus y/o de amparo, ahora vemos que sí lo habían hecho, y no creo que esto haya tenido nada que ver con la revocatoria.

Escribo esto, porque he visto a lo largo de mi carrera profesional jueces y fiscales de todos los tipos, nunca me llamó tanto la atención un juez como Malzon Urbina, porque, a diferencia de los demás, resuelve personalmente los casos sometidos a su jurisdicción, atiende a la persona más humilde como si fuera el Presidente de la República, lo escucha, no importando qué hora sea, hace pasar a su despacho a todos, y da órdenes inmediatas a los secretarios para expeditar sus causas, requiriéndoles le den cuenta en el día, sale frecuentemente de su despacho para ver quién está esperando por una respuesta y la agiliza de inmediato; cuando conversé con él alguna vez me demostró conocimiento del Derecho, pero sobre todo una enorme vocación de justicia que es difícil encontrar en el Poder Judicial.

Toda esta campaña de desprestigio en su contra me recuerda al juez Carlos Manrique, que murió a los pocos meses de ser injustamente defenestrado de su cargo por una campaña similar, estaba sano al salir de la función judicial, la pena de sufrir semejante injusticia por haber resuelto un caso conforme a ley, le hizo contraer un cáncer fulminante y falleció víctima de la injusticia social y los intereses de una prensa al servicio del poder político. Creo que lo mismo le está sucediendo a Javier Diez Canseco, quien no se merece sino el reconocimiento de todo el Perú por su intachable carrera política al servicio de la nación.

Al juez Malzon Urbina, mi reconocimiento porque decidió administrar justicia sin temor a las represalias del poder público, mi gratitud porque se atrevió en una sociedad que no entiende de actos morales y de criterios superiores de justicia, a ser el juez que necesita el Perú.


Beatriz Mejía Mori

¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.


En este artículo: | | |


...
Diario La Primera

Diario La Primera

La Primera Digital

Colaborador 1937 LPD