La Oroya agoniza y jueza retrasa inicio de operaciones

Una lluvia de cuestionamientos recayó sobre la decisión de la juez Martha Flores Gallardo, titular del 39 juzgado penal de Lima, por iniciar un proceso judicial contra Ira Rennert y Albert Bruce Neil, por la supuesta comisión de los delitos de insolvencia fraudulenta y falsa declaración en procedimiento administrativo en el marco de un proceso que se desarrolla ante Indecopi, que involucra a la empresa Doe Run Perú y que retrasa el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

| 05 diciembre 2011 12:12 AM | Política | 2.2k Lecturas
La Oroya agoniza y jueza retrasa inicio de operaciones
La paralización de las operaciones está afectando seriamente a La Oroya.
Pese a compromiso de transparencia, titular de 39 juzgado penal inicia proceso que ya fue desestimado en dos instancias especializadas.

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Olimpo Villena confirmó que el congresista Rubén Coa ya se ha comprometido en vigilar proceso judicial en aras de la transparencia.
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La Sociedad Civil de la provincia de Yauli – La Oroya, representada por Olimpo Villena, cuestionó la decisión de la jueza Martha Flores Gallardo, debido a que esta denuncia fue presentada en el marco de un proceso que se sigue ante Indecopi y que la semana pasada fue resuelto y declarado improcedente, tras un largo análisis de casi seis meses.

“Si el tema ya se ha resuelto ante Indecopi que es una entidad especializada, no entendemos cómo la jueza decide abrir el proceso”, dijo Olimpo Villena, quien asegura que esta situación sólo retrasa el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

“Yo entiendo que la empresa (Doe Run Perú) ahora debe resolver este tema con sus abogados, pero, mientras tanto, las operaciones se retrasan y eso hace agonizar a La Oroya. Con esta decisión, la más afectada será la población” dijo.

Olimpo Villena comentó que el pasado viernes se reunió con la jueza Martha Flores Gallardo y esta se comprometió a actuar con transparencia; sin embargo, su decisión presentada horas más tarde, despertó suspicacias entre la población de La Oroya.

Como se recuerda, el proceso judicial fue iniciado por el grupo Cormin - Trafigura, que es un acreedor minoritario de Doe Run Perú y que denunció la simulación de un crédito a favor de Doe Run Caymán Limited, por la suma de $ 139’062,500.00.

Sin embargo, este crédito fue reconocido como legítimo por Indecopi y Cormin no apeló; pero meses después y, de manera sorpresiva, la empresa del grupo Trafigura cuestionó la existencia de dicho crédito sosteniendo que este era fraudulento y producto de un delito.

En esa misma ruta, cuando la primera instancia administrativa del Indecopi reconoció el crédito de Doe Run Caymán Limited, el acreedor minoritario Cormin, decidió recurrir a la justicia anticorrupción, pero ésta rechazó la denuncia en dos instancias.

La Fiscalía Anticorrupción archivó el caso por colusión desleal, pero como Cormin había denunciado una serie de delitos, el caso fue derivado a una fiscalía común para que evalúe lo concerniente a los otros delitos denunciados.

Fue entonces que la 12 Fiscalía, a cargo del doctor Leoncio Paredes, dispuso una investigación policial y una pericia que determinara contablemente si hubo o no perjuicio económico al Estado. La Policía investigó y elaboró un parte en el que concluía que no había prueba de delito alguno.

Sin embargo, el perito policial contable Óscar Campos hizo una pericia ad hoc y, sin analizar los documentos contables e informes remitidos por INDECOPI –en 22 tomos y más 15,000 folios-, sostuvo que la acreencia tenía una inconsistencia absoluta.

Según la declaración del abogado de Doe Run Perú, Arsenio Oré, el perito contable hizo apreciaciones jurídicas falsas, alterando párrafos contractuales e invocando normas no vigentes en la época de los hechos.

Por ello, según Oré, el fiscal Paredes debió reaccionar de manera inmediata, pues el perito contable está en la investigación para esclarecer hechos de naturaleza contable y no para revisar aspectos legales o referidos a los contratos.

“Sorpresivamente, el fiscal Paredes en lugar de corregir esta grave irregularidad dijo que los señores Ira Rennert y Albert Neils habían cometido delito, porque así lo había dicho Cormin y el perito contable”, indicó Oré.

Ante este panorama, Olimpo Villena anuncia que mañana se reunirá con el presiente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Martín Rivas Teixeira, para que se sume al compromiso de vigilar la transparencia del proceso judicial. Y señaló que el pueblo desde hace tres años ve sesgado su derecho al trabajo y al desarrollo productivo y social.


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